Millonarios robos a apartamentos dejan cinco judicializados
Fiscalía investiga una presunta banda que habría ingresado a viviendas de Medellín y Envigado cuando sus habitantes estaban ausentes
Bajada: Cinco personas fueron judicializadas por presuntos hurtos cometidos en dos sectores residenciales del Valle de Aburrá. Los investigadores calculan pérdidas por más de $146 millones.
Una investigación que comenzó a partir de denuncias por robos a apartamentos terminó con cinco personas judicializadas en Medellín y Envigado.
La Fiscalía General de la Nación asegura que los procesados estarían relacionados con dos hechos ocurridos durante 2026, en los que fueron afectados inmuebles residenciales y se reportaron pérdidas superiores a $146 millones.
Los investigados son Isabel Cristina Montes, Juan Pablo Pulgarín, Edison Osorio, Giovanni Builes y Mateo Sánchez, todos imputados por hurto calificado y agravado.
Según la investigación, los presuntos responsables habrían aprovechado la ausencia de los residentes para ingresar a los apartamentos y apoderarse de dinero y diferentes objetos de valor. citeturn0view0
La investigación comenzó con denuncias de los residentes
Los casos llegaron a conocimiento de las autoridades después de las denuncias presentadas por las personas afectadas.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín asumió la investigación y comenzó a reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los ingresos a las viviendas.
La información recopilada permitió establecer dos hechos que posteriormente fueron incluidos dentro del proceso contra los cinco investigados.
Uno ocurrió en Envigado y el otro en Laureles, uno de los sectores residenciales más conocidos de Medellín.
En Envigado habrían utilizado una particular fachada
El primer caso ocurrió el 1 de febrero en el barrio Los Naranjos, en Envigado.
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, los presuntos responsables habrían llegado al lugar vestidos como enfermeros.
La apariencia habría sido utilizada para evitar sospechas y facilitar el acceso al inmueble.
Una vez dentro, los señalados habrían sustraído diferentes elementos cuyo valor fue calculado en más de $50 millones.
La forma de ingreso es uno de los elementos que hacen parte de la investigación y que deberá ser analizado durante el proceso judicial.
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Tres apartamentos afectados en Laureles
El segundo caso investigado ocurrió el 13 de junio en un edificio residencial de Laureles.
La Fiscalía estableció que tres apartamentos habrían sido afectados en un lapso cercano a una hora.
De las viviendas fueron sustraídos objetos de valor y dinero en efectivo.
En este caso, el monto de las pérdidas superó los $96 millones.
La cifra convierte este hecho en el de mayor impacto económico entre los dos casos que hacen parte de la investigación.
Más de $146 millones en pérdidas
Los dos episodios representan pérdidas superiores a $146 millones, según los cálculos incorporados al proceso.
El caso de Envigado supera los $50 millones, mientras que el de Laureles supera los $96 millones.
La suma permite dimensionar el impacto económico que habrían tenido estos hechos sobre las familias afectadas.
Sin embargo, las cifras corresponden a los casos actualmente investigados y no significan que los cinco procesados hayan sido declarados responsables de los robos.
Capturados en dos departamentos
Las autoridades realizaron las capturas mediante procedimientos de la Policía Nacional en Medellín y Pereira.
Después de los operativos, los cinco fueron llevados ante un juez para las audiencias correspondientes.
Durante la etapa de imputación, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
A partir de los elementos presentados durante las audiencias, el juez determinó las medidas de aseguramiento para cada uno.
Cuatro medidas diferentes frente al proceso
La justicia determinó que Isabel Cristina Montes y Juan Pablo Pulgarín fueran enviados a un centro carcelario mientras avanza el proceso.
Los otros tres procesados, Edison Osorio, Giovanni Builes y Mateo Sánchez, deberán permanecer en sus domicilios y utilizar brazalete electrónico.
Las medidas buscan garantizar su comparecencia ante la justicia durante el desarrollo de la investigación.
La situación jurídica de los cinco podría cambiar a medida que avance el proceso y se presenten nuevas pruebas o decisiones judiciales.
La Fiscalía busca establecer el papel de cada investigado
La judicialización no significa que el proceso haya terminado.
Ahora la Fiscalía deberá avanzar en la demostración de la presunta participación de cada uno de los procesados en los hechos que se investigan.
También será necesario establecer cómo se habría desarrollado el ingreso a los inmuebles y cuál habría sido el papel individual de los señalados.
La defensa podrá controvertir las pruebas presentadas por el ente investigador y ejercer todos los recursos establecidos dentro del proceso penal.
Residentes deben estar atentos a los accesos
Los casos conocidos en Medellín y Envigado vuelven a poner el foco en la seguridad de los edificios y conjuntos residenciales.
Las investigaciones apuntan a que los presuntos responsables habrían utilizado estrategias diferentes para conseguir acceso a las viviendas.
En Envigado, la Fiscalía señala el supuesto uso de vestimenta asociada a personal de salud, mientras que en Laureles se investiga el ingreso a varios apartamentos de un mismo edificio.
Estas circunstancias hacen parte de la hipótesis de las autoridades y todavía deben ser demostradas judicialmente.
El caso seguirá en los tribunales
Con las cinco personas judicializadas, el proceso continuará bajo responsabilidad de las autoridades competentes.
La Fiscalía deberá presentar las pruebas que sustenten los cargos, mientras los procesados podrán defenderse y controvertir los elementos de la investigación.
Por ahora, la justicia mantiene las medidas de aseguramiento definidas para cada uno.
El caso deja una alerta sobre los robos a apartamentos en Medellín y Envigado, especialmente por el valor de los elementos sustraídos y por las modalidades que, según la investigación, habrían sido utilizadas para acceder a los inmuebles.
Las autoridades continuarán trabajando para determinar si los cinco procesados tuvieron participación en los hechos y si existen otros casos que puedan estar relacionados con la investigación.
