De la Espriella acaba diálogos con bandas y Comuneros
Dos resoluciones ponen fin a espacios de negociación heredados del Gobierno Petro y profundizan el desmonte de la llamada Paz Total
El Gobierno de Abelardo De la Espriella dio otro paso para desmontar la política conocida como Paz Total. Dos resoluciones ejecutivas expedidas el 3 de septiembre terminaron oficialmente los espacios de diálogo con Comuneros del Sur y con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
Las decisiones representan un cambio de fondo frente a la estrategia de negociación que había impulsado el Gobierno de Gustavo Petro y dejan bajo revisión el futuro de los procesos que todavía permanecen abiertos.
Dos resoluciones cambian el panorama
La primera decisión quedó consignada en la Resolución Ejecutiva 365 de 2026, mediante la cual terminó la Mesa de Diálogos de Paz con Comuneros del Sur.
El documento también derogó la Resolución 369 del 13 de septiembre de 2024, que había establecido el marco para el funcionamiento de esa mesa.
La segunda medida corresponde a la Resolución Ejecutiva 369 de 2026, que terminó el espacio de conversación sociojurídico con las estructuras criminales de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Adiós al modelo de Paz Total
Las decisiones hacen parte de una serie de medidas con las que el Gobierno De la Espriella busca desmontar progresivamente los mecanismos de negociación establecidos durante la administración anterior.
El presidente ha sostenido que no continuará con mesas que, a juicio de su administración, no tengan resultados concretos ni una ruta jurídica que permita llevar a los grupos armados hacia la legalidad.
Con las nuevas resoluciones, funcionarios asignados a estos procesos deberán dejar sus responsabilidades y también quedan sin efecto las designaciones de los integrantes de las organizaciones como voceros de los espacios de conversación.
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¿Qué argumentó el Gobierno sobre Comuneros?
En el caso de Comuneros del Sur, el Ejecutivo argumentó que no logró consolidarse una línea jurídica e institucional clara para materializar el sometimiento a la justicia.
La administración también señaló que no podía evidenciar una voluntad real de paz y reinserción a la sociedad por parte de la organización.
El argumento marca una diferencia fundamental con el enfoque del Gobierno Petro, que había intentado desarrollar una ruta de paz territorial con esta estructura en Nariño.
Una mesa que había alcanzado acuerdos
El cierre de la negociación ocurre después de varios meses de trabajo y de algunos avances anunciados por la administración anterior.
En junio, la Delegación del Gobierno informó que en 19 meses se habían alcanzado 12 acuerdos parciales en asuntos como sustitución de cultivos, desminado, búsqueda de desaparecidos, prevención del reclutamiento de menores e inversión social.
Sin embargo, el proceso quedó seriamente cuestionado después de una operación realizada en una clínica de Pasto para extraer por la fuerza a un integrante de Comuneros del Sur que estaba bajo custodia.
¿Qué pasa con las bandas de Medellín?
El segundo cierre tiene especial importancia para Antioquia.
El Gobierno terminó el espacio sociojurídico con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, una iniciativa que comenzó formalmente en 2023.
En esa mesa participaron organizaciones como La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly y Los Triana, además de otros grupos y combos de la región.
El Ejecutivo argumentó que no existe un marco de sometimiento a la justicia que permita continuar con el proceso y que tampoco encuentra suficiente evidencia de una voluntad real de paz y reinserción.
La paz urbana queda suspendida
La decisión representa, en la práctica, el cierre del mecanismo de paz urbana que durante varios años buscó acercamientos con las estructuras criminales del área metropolitana.
El objetivo de ese espacio era explorar alternativas para reducir la violencia y avanzar hacia el sometimiento de las organizaciones.
Ahora el Gobierno nacional apuesta por una estrategia diferente, en la que las estructuras criminales deberán enfrentar una ruta jurídica de sometimiento que todavía tendrá que ser definida y aplicada según cada caso.
El traslado de 104 presos ya había encendido las alarmas
Antes de conocerse las resoluciones, el traslado de 104 personas privadas de la libertad desde la cárcel La Paz, en Itagüí, había generado inquietudes sobre el futuro de la mesa.
Entre los trasladados estaban 17 integrantes de la mesa de paz urbana que permanecían recluidos allí.
El movimiento fue considerado un antecedente importante de la decisión que ahora formaliza el cierre del proceso.
¿Habrá más violencia en Medellín?
Una de las preguntas que deja el cierre de la mesa es qué ocurrirá con las estructuras que participaban en ella.
El fin del mecanismo no implica por sí solo un aumento automático de los homicidios o de otros delitos. Sin embargo, las autoridades deberán vigilar posibles disputas entre organizaciones por territorios y rentas ilegales.
Cualquier modificación en la seguridad de Medellín tendrá que medirse con los indicadores oficiales de homicidios, extorsión, desplazamiento y otros delitos.
El Clan del Golfo queda en suspenso
La nueva decisión no significa que todos los procesos relacionados con grupos armados hayan sido definidos.
Hasta ahora no se conocía una resolución que terminara formalmente las conversaciones con el Clan del Golfo.
Por eso, el futuro de ese proceso continúa siendo uno de los interrogantes dentro del rediseño de la política de paz del nuevo Gobierno.
El Gobierno endurece su postura
El cierre de estas mesas confirma que la administración De la Espriella está apostando por un modelo diferente al de la Paz Total.
La nueva estrategia prioriza la acción de la Fuerza Pública y plantea que cualquier eventual desmovilización o sometimiento debe estar respaldado por un marco legal definido.
El mensaje político es claro: el Gobierno no pretende mantener abiertos espacios de diálogo sin condiciones jurídicas y resultados verificables.
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¿Qué viene ahora?
Con las dos resoluciones ya expedidas, comienza una nueva etapa para las organizaciones que estaban vinculadas a estos procesos.
En Medellín, las autoridades deberán enfrentar directamente a las estructuras criminales que ya no cuentan con el espacio sociojurídico creado durante el Gobierno Petro.
En Nariño, el cierre de la mesa con Comuneros del Sur deja pendientes los asuntos que habían sido abordados durante los 19 meses de negociación.
El desmonte de la Paz Total continúa y las próximas decisiones del Gobierno permitirán establecer hasta dónde llegará este cambio de política frente a los grupos armados y las organizaciones criminales.
