Así funcionarán los 11 decretos tras el terremoto
Las nuevas reglas buscan acelerar recursos, servicios y obras en las zonas golpeadas
El Gobierno Nacional puso en marcha un paquete de 11 decretos para enfrentar las consecuencias económicas y sociales provocadas por el terremoto del 10 de agosto. Las normas fueron expedidas el 9 de septiembre, exactamente un mes después del sismo, y pretenden cambiar temporalmente la forma en que se administran recursos públicos, se atienden los servicios esenciales y se desarrolla la educación en los municipios afectados.
Las medidas fueron adoptadas bajo el marco de la emergencia económica y buscan darle mayor capacidad de reacción a las entidades nacionales y territoriales. Uno de los principales objetivos es evitar que las limitaciones administrativas retrasen la reconstrucción de las zonas que sufrieron daños.
El paquete contempla desde un nuevo fondo para concentrar recursos hasta mecanismos para que empresas privadas participen directamente en la construcción de infraestructura.
El Fondo Patria Milagro será el eje financiero
El Decreto 1379 crea el Fondo Patria Milagro, concebido como un patrimonio autónomo administrado mediante una fiduciaria pública.
El fondo podrá recibir dinero proveniente del Presupuesto General de la Nación, donaciones, créditos, regalías y aportes privados. Su propósito es convertirse en uno de los principales canales para financiar las obras de recuperación.
La apuesta del Gobierno es reunir diferentes fuentes de dinero en un mecanismo que permita ejecutar proyectos de manera más rápida y con mecanismos de vigilancia financiera.
Electricidad: recursos para recuperar el servicio
El Decreto 1380 se concentra en uno de los problemas más sensibles después del terremoto: el suministro de energía.
La norma permite entregar aportes financieros no reembolsables a determinadas empresas mixtas para recuperar la prestación del servicio en las zonas afectadas.
El Gobierno considera que restablecer la electricidad es indispensable para que funcionen hospitales, hogares, comercios y sistemas de comunicación. La medida establece condiciones específicas para acceder a esos recursos y fija plazos para aprobar y ejecutar los desembolsos.
Los recursos podrán cruzar las fronteras municipales
Una de las novedades más importantes aparece en el Decreto 1381. A partir de esta norma, las alcaldías y gobernaciones podrán financiar o cofinanciar temporalmente proyectos de reconstrucción en otros territorios.
La idea es aprovechar recursos disponibles en municipios que no fueron afectados para ayudar a aquellos que quedaron con daños severos.
Esta modificación responde a una diferencia presupuestal que quedó expuesta durante la emergencia. Mientras algunas administraciones tenían reservas importantes para enfrentar desastres, las localidades golpeadas directamente tenían una capacidad financiera mucho menor.
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Municipios damnificados tendrán más margen financiero
El Decreto 1382 amplía las posibilidades de financiación de los municipios afectados.
Las administraciones podrán reorientar determinadas rentas, acceder a créditos equivalentes hasta al 15 % de sus ingresos corrientes y retener la totalidad de la sobretasa al ACPM.
Con estas herramientas, los municipios tendrán mayor capacidad para asumir gastos relacionados con infraestructura, servicios públicos, movilidad y recuperación económica.
Fondos pensionales podrán apoyar la recuperación
El Decreto 1383 lleva la emergencia hasta los recursos administrados en el FONPET.
La norma contempla plazos extraordinarios para que las entidades territoriales puedan acreditar requisitos y solicitar recursos. También permite utilizar excedentes asociados al sector salud para intervenir infraestructura sanitaria dañada.
Este mecanismo adquiere relevancia por la cantidad de centros asistenciales afectados. La reconstrucción de hospitales y otros espacios de atención será fundamental para recuperar la capacidad sanitaria de los territorios.
El Estado podrá reorganizar su personal
El Decreto 1384 introduce cambios temporales en el empleo público.
Las entidades podrán modificar horarios, establecer trabajo en casa y crear plantas temporales de personal. También se contempla la suspensión de los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil hasta finales de 2026.
La intención es que las instituciones puedan adaptar su funcionamiento a las condiciones extraordinarias provocadas por la emergencia.
Información del DANE podrá utilizarse para localizar afectados
La reconstrucción también necesita información precisa. Por eso, el Decreto 1385 autoriza temporalmente el uso de información estadística que se encontraba bajo reserva del DANE para realizar procesos de georreferenciación, censos y caracterización.
Con esta herramienta se busca identificar mejor a las familias afectadas y conocer dónde están ubicadas.
La información puede servir para determinar prioridades en vivienda, infraestructura, servicios públicos y atención social.
Más de un millón de estudiantes podrán continuar sus clases
El terremoto también golpeó al sistema educativo. El Decreto 1386 permite trasladar temporalmente las clases a espacios alternativos que sean seguros y adecuados.
La medida busca impedir que la destrucción o afectación de las sedes educativas obligue a suspender durante largos periodos el calendario académico.
La dimensión del problema es considerable: miles de sedes escolares resultaron afectadas en cientos de municipios.
Los calendarios escolares podrán cambiar
El Decreto 1387 permite que los municipios declarados en emergencia modifiquen temporalmente sus calendarios académicos.
No todos los territorios enfrentan las mismas condiciones. Por eso, la norma permite adaptar los tiempos escolares de acuerdo con el nivel de afectación y las posibilidades reales de cada comunidad educativa.
La decisión busca que la recuperación de las escuelas pueda avanzar sin obligar a los estudiantes a abandonar definitivamente sus procesos de formación.
Los recursos educativos tendrán protección especial
El Decreto 1388 aborda otro problema generado por la emergencia: las inconsistencias en los registros educativos.
La norma busca impedir que errores o modificaciones en el Sistema Integrado de Matrícula terminen provocando sanciones o descuentos que afecten los recursos de las instituciones educativas.
Así, aunque las bases de datos hayan sufrido alteraciones por la emergencia, las instituciones podrán mantener el acceso a recursos esenciales para atender a sus estudiantes.
Las empresas podrán pagar impuestos con obras
El Decreto 1389 es uno de los mecanismos con mayor participación del sector privado.
La norma amplía el esquema de Obras por Impuestos a todos los municipios declarados en emergencia, aunque no pertenezcan a las zonas que tradicionalmente podían acceder a este mecanismo.
Las empresas que cumplan los requisitos podrán destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a proyectos de construcción de viviendas, hospitales, colegios y vías.
Además, una parte de esos recursos deberá concentrarse en municipios de categorías 5 y 6, que suelen tener menor capacidad económica y administrativa.
El tamaño de la emergencia explica la rapidez de las medidas
Los 11 decretos llegan cuando el país todavía enfrenta una emergencia de grandes proporciones.
Según el balance con corte al 9 de septiembre, el terremoto había afectado a 296.738 familias, equivalentes a 466.709 personas. También se contabilizaban 331 fallecidos, 4.505 heridos, 111 desaparecidos y 364 personas rescatadas.
En infraestructura, el reporte incluía más de 202.000 viviendas averiadas y más de 36.000 destruidas. También había daños en centros de salud, establecimientos educativos, vías, aeropuertos, acueductos y puentes.
Estas cifras explican por qué el Gobierno decidió utilizar mecanismos extraordinarios para acelerar la respuesta.
La prueba ahora será ejecutar los recursos
La expedición de los decretos no significa que la reconstrucción esté resuelta. El verdadero desafío comienza con su aplicación en los territorios.
Alcaldías, gobernaciones, ministerios, empresas de servicios públicos y entidades privadas deberán coordinarse para que los nuevos mecanismos produzcan resultados visibles.
El Gobierno busca que el dinero pueda llegar con menos trabas a las comunidades, pero la ejecución deberá estar acompañada de controles y seguimiento para garantizar que los recursos destinados a la emergencia terminen convertidos en viviendas, hospitales, colegios, vías y servicios recuperados.
Un mes después del terremoto, la reconstrucción entra así en una nueva etapa. Los 11 decretos representan el intento del Ejecutivo por pasar de la respuesta inmediata a un proceso de recuperación de mayor alcance.
