EE. UU. mantiene descertificación antidrogas de Colombia
Descertificación: La decisión deja una condición para que pueda ser levantada
El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Colombia en la lista de países que no cumplieron plenamente sus compromisos antidrogas. Sin embargo, Washington señaló que la condición podría cambiar si la administración de Abelardo de la Espriella logra avances verificables contra los cultivos de coca y las redes narcotraficantes.
Estados Unidos tomó una decisión que vuelve a poner la política antidrogas colombiana en el centro de la relación bilateral. El Departamento de Estado confirmó este 16 de septiembre de 2026 que Colombia continuará descertificada en la lucha contra las drogas, aunque el documento oficial incluyó un mensaje diferente al de hace un año: Washington reconoce el cambio de Gobierno y dejó abierta la posibilidad de revisar la medida.
La determinación llega después de una semana de movimientos diplomáticos entre Bogotá y Washington. Marco Rubio estuvo en Colombia y se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella, mientras que la nueva embajadora colombiana en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, presentó sus cartas credenciales ante Donald Trump.
En paralelo, Estados Unidos anunció la reasignación de US$52 millones en asistencia militar hacia países de América Latina, entre ellos Colombia.
El escenario muestra que la descertificación no significa una ruptura de la cooperación entre ambos países.
Colombia seguirá descertificada durante este periodo
El Departamento de Estado incluyó nuevamente a Colombia dentro del grupo de países considerados importantes productores o territorios de tránsito de drogas ilícitas.
La decisión mantiene la clasificación establecida por Washington en 2025, cuando la administración Trump concluyó que Colombia había fallado demostrablemente en el cumplimiento de sus compromisos antidrogas.
La determinación estadounidense se realiza cada año y es enviada al Congreso de ese país. Su objetivo es evaluar la situación de las principales naciones involucradas en la producción o tránsito de drogas y establecer la posición de Washington frente a sus esfuerzos de control.
En el caso colombiano, el antecedente inmediato estuvo marcado por el aumento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína, así como por cuestionamientos a las metas de erradicación establecidas durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Washington ahora mira al Gobierno de Abelardo
La gran novedad de la decisión de 2026 es el mensaje dirigido al nuevo Gobierno colombiano.
El comunicado estadounidense destacó la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia y señaló su compromiso de impulsar una campaña contra el cultivo de coca y la producción de cocaína.
Washington también planteó una posibilidad concreta: modificar la condición de Colombia si durante el próximo año se registran avances importantes en la erradicación de coca y en el desmantelamiento de las organizaciones narcotraficantes.
La afirmación coloca a la administración de De la Espriella ante un periodo de evaluación.
Los resultados de su política de seguridad y lucha contra las drogas no solo tendrán consecuencias internas. También serán observados por el principal socio internacional de Colombia en materia de cooperación antidrogas.
¿Qué recursos están en juego?
Uno de los interrogantes alrededor de la descertificación Colombia es cuánto dinero estadounidense podría quedar comprometido.
Colombia ha recibido históricamente cientos de millones de dólares en programas de seguridad, desarrollo y asistencia técnica de Estados Unidos. Análisis de la Cámara Colombo-Americana han calculado una cooperación cercana a los US$450 millones anuales en diferentes programas.
Pero la descertificación no implica automáticamente que todo ese dinero desaparezca.
En 2025, la administración Trump utilizó una exención conocida como waiver, argumentando que mantener determinados programas de cooperación era necesario para los intereses nacionales de Estados Unidos.
Ese mecanismo permitió mantener parte de la asistencia pese a la clasificación negativa.
Por eso, el impacto real de la decisión depende de qué programas sean considerados prioritarios y de las determinaciones presupuestales adoptadas por Washington.
Estados Unidos mantiene recursos para Colombia
Un dato que ayuda a entender el escenario actual es la reciente reasignación de fondos anunciada por Washington.
El Departamento de Estado notificó al Congreso que aproximadamente US$52 millones de financiación militar extranjera serían trasladados desde programas que originalmente beneficiaban a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.
La medida fue explicada como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad del hemisferio occidental y enfrentar amenazas relacionadas con el narcoterrorismo.
Colombia aparece entre los países beneficiados por esa reasignación.
Esto ocurre mientras el país permanece descertificado, una combinación que demuestra que la relación bilateral tiene diferentes niveles y que la cooperación de seguridad puede mantenerse aunque exista desacuerdo sobre la evaluación antidrogas.
El antecedente del waiver sigue siendo importante
Para entender las consecuencias de la decisión actual hay que diferenciar entre la clasificación política y las sanciones automáticas que pueden estar asociadas al proceso.
El waiver utilizado en 2025 permitió evitar que la descertificación se tradujera inmediatamente en un corte completo de la cooperación.
El mecanismo también dejó abierta la posibilidad de que Washington estableciera condiciones adicionales o modificara el alcance de la asistencia.
Por eso, la situación de Colombia no puede resumirse simplemente como “Estados Unidos dejó de ayudar al país”.
La realidad es más compleja: existe una clasificación negativa, pero también hay programas de cooperación que continúan, decisiones de asistencia que se mantienen y nuevos recursos que incluso han sido dirigidos hacia la región.
La seguridad será una prueba para el Gobierno
El Gobierno de Abelardo llegó al poder con una agenda de seguridad que contempla una confrontación más directa contra organizaciones armadas y estructuras vinculadas al narcotráfico.
Esa política coincide parcialmente con las exigencias planteadas por Washington.
Sin embargo, conseguir una nueva evaluación favorable dependerá de resultados concretos.
Reducir las hectáreas sembradas con coca será uno de los indicadores observados, pero también tendrán importancia las incautaciones, la destrucción de laboratorios, la persecución de las finanzas criminales, la extradición de grandes narcotraficantes y la capacidad para desmantelar estructuras completas.
La cooperación de inteligencia con Estados Unidos también seguirá siendo un componente relevante.
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La aspersión aérea vuelve al debate
El tema de la erradicación aérea también forma parte del nuevo escenario.
El Gobierno ha intentado poner en marcha un plan piloto de aspersión con glufosinato de amonio en Putumayo.
La iniciativa fue suspendida temporalmente por un juez de Puerto Asís después de una acción de tutela que cuestionó posibles impactos sobre derechos fundamentales y el ambiente.
Aunque el proceso judicial es independiente de la decisión de Washington, ambos asuntos están relacionados con la discusión sobre las herramientas que Colombia utilizará para reducir los cultivos ilícitos.
El Gobierno tendrá que equilibrar la presión internacional para mostrar resultados con las exigencias judiciales, ambientales y sociales dentro del país.
Marco Rubio ya había hablado de un posible cambio
La decisión estadounidense también debe leerse a la luz de las declaraciones recientes de Marco Rubio.
Durante su visita a Colombia, el secretario de Estado señaló que Washington había observado más acciones contra organizaciones criminales durante el primer mes del nuevo Gobierno.
Rubio también planteó que, si Colombia mantiene esa trayectoria, podría producirse un cambio en su situación frente a la certificación.
Ese mensaje anticipó en buena medida el contenido de la determinación actual: la descertificación se mantiene, pero Washington está dispuesto a observar el desempeño del nuevo Gobierno antes de cerrar definitivamente la puerta a un cambio.
La nueva embajadora llega en un momento clave
María Consuelo Araújo presentó sus cartas credenciales a Donald Trump justo en una jornada marcada por la discusión sobre la certificación antidrogas.
La diplomática ha señalado que una de las prioridades de su misión será fortalecer la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad, estabilidad y recuperación económica.
Su llegada a Washington ocurre en un momento en el que ambos gobiernos buscan fortalecer la relación bilateral después de los fuertes desacuerdos registrados durante la administración anterior.
La lucha contra el narcotráfico será uno de los temas centrales de esa agenda.
¿Qué viene ahora para Colombia?
La decisión estadounidense no cierra el capítulo.
Por el contrario, abre un periodo en el que los resultados del Gobierno colombiano serán determinantes para la próxima evaluación.
Washington dejó expresamente abierta la posibilidad de modificar la clasificación si Colombia logra avances en la erradicación de coca y en el desmantelamiento de las organizaciones narcotraficantes.
Esto significa que la administración De la Espriella tendrá que demostrar resultados durante los próximos meses.
También tendrá que manejar cuidadosamente la relación con Washington, porque Estados Unidos continúa siendo un socio relevante para Colombia en seguridad, inteligencia, comercio y cooperación internacional.
Por ahora, la situación queda definida así: Colombia continúa descertificada por Estados Unidos en la lucha contra las drogas, pero la puerta para cambiar esa condición permanece abierta.
La permanencia de recursos de cooperación y la reciente reasignación de US$52 millones hacia Colombia muestran, además, que la decisión no representa un rompimiento de la relación bilateral.
El próximo capítulo dependerá de los resultados que Colombia pueda presentar en la lucha contra los cultivos ilícitos y las organizaciones narcotraficantes.
