De la Espriella respalda recorte de $100.000 millones a la JEP
Enrique Gómez propuso trasladar esos recursos a la Rama Judicial y Alejandro Ramelli advirtió sobre el impacto que tendría la medida
El presidente Abelardo de la Espriella respaldó una propuesta presentada en el Congreso para retirar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
El mandatario reaccionó públicamente a la propuesta a través de sus redes sociales con el mensaje “Publíquese, comuníquese y cúmplase”, expresión con la que manifestó su respaldo a la iniciativa. El planteamiento ha generado una respuesta directa desde la JEP, cuyo presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, señaló que una reducción de este tipo podría afectar el funcionamiento de la jurisdicción transicional.
La discusión se desarrolla mientras el Congreso analiza el presupuesto nacional para 2027 y abre un nuevo debate sobre los recursos destinados a la justicia transicional y las necesidades de la justicia ordinaria.
Enrique Gómez presentó la propuesta ante el Congreso
El senador Enrique Gómez Martínez radicó dos proposiciones relacionadas con el Presupuesto General de la Nación de 2027. Una de ellas plantea reducir en $100.000 millones los recursos destinados al funcionamiento de la JEP, mientras que la segunda busca trasladar ese dinero al Consejo Superior de la Judicatura.
Según el congresista, el objetivo es utilizar los recursos para fortalecer la justicia ordinaria mediante la creación de nuevos despachos o la formalización de cargos judiciales.
Gómez ha cuestionado públicamente el costo de la JEP y sus resultados. En sus declaraciones, ha sostenido que la justicia ordinaria enfrenta un volumen elevado de procesos pendientes y que esos recursos deberían dirigirse a atender ese rezago.
La propuesta todavía depende del trámite legislativo correspondiente y no significa que el traslado de recursos ya haya sido aprobado.
De la Espriella expresó su respaldo
El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a la propuesta del senador a través de su cuenta de X.
Su respuesta fue: “Publíquese, comuníquese y cúmplase”, mensaje que fue interpretado como un respaldo a la iniciativa de trasladar los $100.000 millones de la JEP a la Rama Judicial.
La posición del mandatario se relaciona con las críticas que ha expresado frente al funcionamiento de la jurisdicción transicional. Durante su discurso de posesión, De la Espriella afirmó que su Gobierno revisaría la naturaleza y los efectos de la JEP dentro del marco jurídico vigente.
En esa intervención, el presidente también sostuvo que la revisión de la jurisdicción no implicaría desconocer el ordenamiento jurídico colombiano.
Ramelli respondió a la propuesta
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, cuestionó la iniciativa y manifestó que un recorte de $100.000 millones tendría consecuencias para el funcionamiento del tribunal.
Durante una intervención pública realizada el 18 de septiembre, Ramelli señaló que los recursos corresponden a una parte importante del presupuesto de funcionamiento de la jurisdicción.
El magistrado sostuvo que la medida afectaría especialmente la adquisición de bienes y servicios y podría limitar la capacidad operativa de la JEP.
Ramelli también afirmó que la jurisdicción enfrenta una desfinanciación acumulada y que una reducción adicional pondría en riesgo actividades relacionadas con sus funciones.
La JEP habla de afectaciones a su operación
Según las cifras expuestas por Ramelli, el recorte propuesto afectaría de manera significativa los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios.
El magistrado también señaló que la JEP necesita recursos para garantizar diferentes servicios asociados a su operación, entre ellos mecanismos de protección para víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios.
De acuerdo con su explicación, parte de los recursos destinados a convenios de protección tienen relación con la Unidad Nacional de Protección.
Ramelli advirtió que una disminución de los recursos podría tener consecuencias sobre la capacidad de mantener esas medidas de protección y otros servicios necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción.
La JEP advierte sobre el funcionamiento de sus sedes
Otro de los puntos expuestos por el presidente de la JEP está relacionado con los gastos necesarios para mantener sus instalaciones.
Ramelli afirmó que existen recursos destinados al pago de arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de las sedes en Bogotá.
Desde su perspectiva, una reducción presupuestal podría generar dificultades para garantizar esos gastos y afectar el funcionamiento cotidiano de las salas, secciones, Secretaría Ejecutiva y Unidad de Investigación y Acusación.
La advertencia forma parte de los argumentos con los que la JEP busca explicar el impacto que tendría el traslado de recursos planteado en el Congreso.
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Ramelli anunció contactos con organismos internacionales
Ante el escenario presupuestal, el presidente de la JEP anunció que pondrá la situación en conocimiento de diferentes organismos internacionales.
Entre las entidades mencionadas están el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial.
También señaló que se informará a los países garantes del Acuerdo de Paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Ramelli sostiene que la discusión presupuestal tiene relación con compromisos internacionales adquiridos por Colombia en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.
El debate también involucra a la justicia ordinaria
La propuesta de Enrique Gómez parte de una preocupación diferente: el rezago de procesos que enfrenta la justicia ordinaria.
El senador ha planteado que los $100.000 millones podrían utilizarse para fortalecer la estructura judicial y aumentar la capacidad de atención de los despachos.
Según los argumentos expuestos por Gómez, la justicia ordinaria tiene un inventario cercano a 2,2 millones de procesos pendientes de decisión.
La propuesta busca, por tanto, modificar la distribución de recursos dentro del presupuesto de 2027 para atender esa situación.
El traslado todavía debe pasar por el trámite legislativo
Aunque el presidente expresó su respaldo, la propuesta no representa por sí misma una modificación inmediata del presupuesto de la JEP.
Las proposiciones presentadas por el senador deben surtir el trámite correspondiente dentro del Congreso de la República y ser consideradas durante la discusión del Presupuesto General de la Nación.
Por esta razón, el monto de recursos finalmente asignado a la JEP para 2027 dependerá de las decisiones que adopte el Legislativo dentro del proceso presupuestal.
La discusión también puede incorporar modificaciones a la propuesta inicial antes de que se produzca una decisión definitiva.
La JEP defiende su autonomía
Ramelli ha planteado que el recorte debe analizarse teniendo en cuenta la autonomía administrativa, técnica y presupuestal de la jurisdicción.
Desde la JEP se sostiene que sus funciones están relacionadas con los derechos de las víctimas, los procesos contra comparecientes y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
El magistrado afirmó que una disminución de recursos podría limitar la capacidad institucional para desarrollar esas tareas.
La posición de la JEP contrasta con el argumento de los promotores del recorte, quienes consideran que una parte de esos recursos puede ser utilizada para fortalecer la justicia ordinaria.
También hay una discusión sobre el control de las decisiones
El debate presupuestal se produce al mismo tiempo que avanza en el Congreso otra iniciativa relacionada con las decisiones de la JEP.
De acuerdo con la información publicada sobre el tema, en la Comisión Primera del Senado se ha planteado una reforma constitucional para establecer una revisión judicial automática de determinadas decisiones de la jurisdicción relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública.
La JEP ha cuestionado esta propuesta y considera que podría afectar su autonomía judicial.
El Gobierno, por su parte, ha señalado que pretende revisar el funcionamiento de la jurisdicción dentro de las posibilidades que permite el ordenamiento jurídico.
De la Espriella ya había cuestionado el modelo de justicia transicional
Las críticas del presidente frente a la JEP no comenzaron con la discusión presupuestal de 2027.
Durante su posesión, De la Espriella manifestó que el Gobierno revisaría la naturaleza y los efectos de la jurisdicción creada a partir del Acuerdo de Paz.
El mandatario afirmó que Colombia debe garantizar los derechos de las víctimas y el cumplimiento de la ley, al tiempo que cuestionó lo que considera efectos de indulgencia frente a responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado.
Sin embargo, también señaló en ese momento que su actuación estaría sometida al orden jurídico vigente.
Ramelli defendió los resultados de la jurisdicción
Frente a las críticas sobre el funcionamiento de la JEP, Ramelli ha defendido el trabajo desarrollado por el tribunal desde su creación.
El magistrado ha destacado los procesos adelantados contra antiguos integrantes de las Farc y otros comparecientes, así como las actuaciones relacionadas con las víctimas del conflicto armado.
También ha señalado que la jurisdicción ha desarrollado sus funciones durante años en medio de dificultades presupuestales y operativas.
Estas afirmaciones forman parte de la respuesta institucional de la JEP frente a los cuestionamientos planteados desde sectores políticos.
El Presupuesto 2027 será el escenario de la discusión
La controversia queda ahora vinculada al trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027.
El Congreso deberá analizar las proposiciones presentadas y definir si mantiene, modifica o rechaza el traslado de recursos planteado por el senador Enrique Gómez.
Mientras tanto, la JEP busca que se consideren las consecuencias que, según sus directivos, tendría una reducción de su presupuesto de funcionamiento.
La decisión final determinará si los $100.000 millones permanecen dentro de la asignación de la justicia transicional o son trasladados a la Rama Judicial.
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Contexto
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada a partir del Acuerdo Final de Paz de 2016 y tiene funciones relacionadas con la investigación y juzgamiento de graves hechos vinculados al conflicto armado. Para 2027, la discusión presupuestal abrió un nuevo escenario de debate sobre sus recursos.
El senador Enrique Gómez propuso retirar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente la iniciativa, mientras que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que el recorte podría afectar el funcionamiento de la jurisdicción y anunció que informará la situación a organismos internacionales.
Preguntas frecuentes
¿Qué propone Enrique Gómez para el presupuesto de la JEP?
El senador propone reducir en $100.000 millones los recursos de funcionamiento de la JEP y trasladar ese dinero al Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer la justicia ordinaria.
¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre la propuesta?
El presidente respondió a la publicación de Enrique Gómez con el mensaje “Publíquese, comuníquese y cúmplase”, expresando así su respaldo a la iniciativa.
¿Qué respondió Alejandro Ramelli?
El presidente de la JEP advirtió que el recorte podría afectar la operación de la jurisdicción y anunció que informará la situación a organismos nacionales e internacionales, entre ellos entidades de Naciones Unidas, la CIDH y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
