Presto entra en liquidación judicial y busca comprador
La cadena de hamburguesas incumplió su acuerdo de reorganización; sus restaurantes podrían seguir abiertos mientras avanza la venta
La Superintendencia de Sociedades ordenó abrir la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa operadora de Presto, luego de que incumpliera los compromisos pactados con sus acreedores. La liquidadora busca un comprador para evitar el cierre de los establecimientos y preservar la operación de la marca en Colombia.
La cadena de hamburguesas Presto atraviesa un nuevo capítulo de dificultades financieras después de que la Superintendencia de Sociedades ordenara terminar su acuerdo de reorganización empresarial y dar paso a la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S. A. S., compañía vinculada con la operación de la marca en el país.
La decisión quedó en firme el 13 de octubre de 2026, luego de que la empresa solicitara iniciar el proceso el 30 de septiembre. La medida se produjo después de que las dificultades económicas y el incumplimiento de obligaciones posteriores al acuerdo pusieran en duda la posibilidad de mantener la compañía en funcionamiento bajo las condiciones previstas.
Sin embargo, la apertura de la liquidación no implica que todos los restaurantes deban cerrar inmediatamente. Mónica Macías, designada como liquidadora, busca un comprador que permita conservar la unidad productiva, mantener los establecimientos en operación y proteger el valor comercial de la marca.
¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?
La decisión llega después de varios años de intentos por reorganizar las finanzas de la compañía. Franquicias y Concesiones S. A. S. había ingresado al proceso de reorganización empresarial en julio de 2023, un mecanismo legal que permite a las empresas con dificultades económicas negociar sus obligaciones con los acreedores y establecer un plan de pagos para intentar continuar operando.
El 30 de abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de la compañía. El plan contemplaba atender pasivos por aproximadamente 31.000 millones de pesos, después de aprobarse reducciones de capital para determinados grupos de acreedores.
La intención era facilitar el cumplimiento de las obligaciones financieras y permitir que la empresa continuara desarrollando su actividad comercial. No obstante, el acuerdo no logró sostenerse.
Entre las dificultades expuestas para solicitar la liquidación aparecen la reducción del flujo de caja, los retrasos en el pago de gastos de administración y el incumplimiento de compromisos adquiridos después de la aprobación del plan.
Ante este panorama, la compañía solicitó terminar el proceso de reorganización y pasar a la liquidación judicial. La Superintendencia acogió la solicitud y abrió una nueva etapa para definir el destino de los activos y las obligaciones de la sociedad.
¿Qué pasará con los restaurantes de Presto?
Una de las principales preguntas para los consumidores es si podrán seguir comprando en los establecimientos de la cadena. Según la información divulgada sobre el proceso, la liquidadora busca mantener los restaurantes abiertos mientras se concreta una alternativa para vender la empresa.
La continuidad de los puntos de venta es importante porque una operación activa puede ayudar a preservar el valor comercial del negocio, su reconocimiento entre los consumidores y la posibilidad de atraer a un inversionista interesado en adquirirlo.
Por ahora, la búsqueda de un comprador constituye una alternativa para evitar que la liquidación termine en el cierre generalizado de los establecimientos. Sin embargo, no se ha confirmado públicamente una venta ni se conoce un comprador definitivo.
El futuro de cada local dependerá de las decisiones que se adopten durante el procedimiento y de que exista una propuesta viable para adquirir o mantener la operación.
Por eso, aunque el proceso judicial ya comenzó, no es correcto afirmar que todos los restaurantes dejarán de funcionar de inmediato. La situación puede cambiar conforme avancen las decisiones de la liquidadora y de las autoridades competentes.
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Deudas por 31.000 millones de pesos y un acuerdo que no se cumplió
La situación financiera de Presto es especialmente relevante porque, meses antes de la liquidación, la compañía había conseguido la aprobación de un acuerdo para reorganizar sus pasivos.
En abril de 2026, la Superintendencia informó que el plan obtuvo el respaldo del 81,39 % de los acreedores calificados y graduados. El acuerdo contemplaba atender obligaciones por cerca de 31.000 millones de pesos durante un periodo de seis años.
La aprobación representaba una oportunidad para reorganizar las finanzas y sostener la actividad empresarial. Sin embargo, el posterior incumplimiento de los compromisos y los problemas de liquidez llevaron a solicitar la liquidación.
El cambio de escenario evidencia las dificultades para mantener un plan de recuperación cuando la empresa no logra generar suficiente flujo de caja para cubrir sus gastos y atender las obligaciones que vencen durante la operación.
Ahora, el proceso de liquidación deberá avanzar conforme a las reglas aplicables a la insolvencia empresarial en Colombia, con el objetivo de administrar los bienes de la sociedad y atender las obligaciones reconocidas dentro del procedimiento.
El empleo también está en juego
La situación no solo afecta la continuidad de una marca reconocida en el mercado de comidas rápidas. También plantea interrogantes sobre los trabajadores vinculados a la operación y los efectos que tendría un eventual cierre de establecimientos.
Cuando se confirmó el acuerdo de reorganización en abril, la Superintendencia de Sociedades informó que la compañía buscaba preservar 694 empleos directos y mantener el funcionamiento de 180 puntos de venta a nivel nacional. Esas cifras correspondían a las condiciones reportadas durante la etapa de reorganización y no necesariamente representan el número actual de trabajadores o locales.
La búsqueda de un comprador pretende evitar que la liquidación implique la pérdida de toda la operación productiva. Una eventual adquisición podría abrir la posibilidad de mantener parte de los establecimientos y de los puestos de trabajo, aunque esto dependerá de las condiciones que se negocien.
Mientras no exista una decisión definitiva sobre la venta, no se puede establecer cuántos empleos se conservarán ni cuál será la estructura futura de la compañía.
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Qué sigue para la cadena de hamburguesas
El siguiente paso será avanzar en el proceso de liquidación judicial y explorar opciones para vender la empresa. La liquidadora tendrá que evaluar las alternativas disponibles y las condiciones que permitan proteger los activos, atender las obligaciones y determinar si es posible conservar la operación.
Para los consumidores, la recomendación es verificar la información oficial de la marca antes de dar por hecho el cierre de un restaurante específico. Para los trabajadores, proveedores y acreedores, el desarrollo del proceso será determinante para conocer las decisiones que se adopten sobre las relaciones comerciales y laborales.
La situación de Presto también refleja los desafíos que enfrentan las empresas cuando intentan recuperarse de una crisis financiera: conseguir un acuerdo con los acreedores es un paso importante, pero mantenerlo exige recursos suficientes, cumplimiento oportuno y una operación capaz de sostener sus costos.
La posibilidad de una venta mantiene abierta una alternativa para la cadena. Sin embargo, su continuidad dependerá de que se encuentre un comprador y de las decisiones que se tomen durante la liquidación.
Preguntas frecuentes sobre la liquidación de Presto
¿Presto cerrará todos sus restaurantes?
No se ha anunciado un cierre inmediato de todos los establecimientos. La liquidadora busca un comprador y procura mantener la operación mientras avanza el proceso, aunque el futuro de los locales dependerá de las decisiones que se adopten.
¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?
La empresa incumplió su acuerdo de reorganización y reportó dificultades financieras, entre ellas una reducción del flujo de caja y retrasos en el pago de gastos de administración.
¿Cuánto dinero debía reorganizar la compañía?
El acuerdo confirmado en abril de 2026 contemplaba atender pasivos cercanos a los 31.000 millones de pesos.
¿Quién está a cargo del proceso?
Mónica Macías fue designada como liquidadora dentro del procedimiento de liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S. A. S.
¿Ya existe un comprador para Presto?
Hasta la información publicada el 16 de octubre de 2026, no se había confirmado públicamente un comprador definitivo. La búsqueda de una alternativa de venta continúa.
¿Qué pasará con los empleados?
La intención anunciada es preservar la operación y los puestos de trabajo en la medida en que sea posible. La cantidad de empleos que puedan mantenerse dependerá del desarrollo del proceso y de una eventual negociación con un comprador.
