Gobernador de Antioquia y gerente de hospital de Caldas chocaron
Rendón cuestionó la gestión y Sánchez anunció que lo denunciará por injuria
Un fuerte cruce de declaraciones se desató entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Juan Carlos Sánchez Fernández, en medio de cuestionamientos sobre la administración del centro asistencial.
Rendón aseguró que no confiaría recursos al hospital mientras Sánchez continúe al frente de la institución y calificó su nombramiento como un error. El gerente rechazó las acusaciones, defendió su derecho al buen nombre y anunció que acudirá a la Fiscalía por presunta injuria. La controversia se produce mientras organismos de control revisan posibles irregularidades en contratos y decisiones administrativas.
El gobernador cuestionó la confianza en el gerente
Durante declaraciones divulgadas el 19 de octubre, el gobernador manifestó que tenía serias dudas sobre el comportamiento ético del gerente. También afirmó que se había equivocado al nombrarlo y pidió que los organismos de control examinaran la situación del hospital.
Rendón sostuvo que, mientras Sánchez permanezca en el cargo, no se le debería entregar dinero, pues considera que existe riesgo de que los recursos se pierdan. Sus afirmaciones elevaron la tensión entre el mandatario departamental y el directivo de la institución.
El gobernador explicó que había buscado gerentes con experiencia y conocimiento de los municipios donde funcionan los hospitales departamentales. En el caso de Caldas, dijo que la persona designada no habría respondido a las expectativas que tenía cuando asumió el cargo.
La respuesta de Juan Carlos Sánchez
El gerente del Hospital San Vicente de Paúl controvirtió las declaraciones del gobernador y las calificó como temerarias e irresponsables. Señaló que, como servidor público, tiene derecho a la honra, al buen nombre, al debido proceso y a conocer las pruebas que sustentarían los señalamientos.
Sánchez también afirmó que, según su postura, no existen sanciones impuestas en su contra por los organismos de control. Anunció que acudirá a la Fiscalía para denunciar al gobernador por presunta injuria.
Su respuesta no resuelve las investigaciones administrativas o disciplinarias en curso. Esas actuaciones deberán seguir sus propios procedimientos y determinar si existen responsabilidades individuales.
Te puede interesar: Caso Verónica Alcocer
Los cuestionamientos a la contratación del hospital
La controversia política tiene como antecedente una auditoría de la Contraloría General de Antioquia, que reportó 31 presuntas irregularidades en el manejo del hospital. Entre los puntos divulgados se mencionó un posible detrimento patrimonial de 207 millones de pesos, fallas en la documentación de contratos y deficiencias en la gestión presupuestal.
El informe también cuestionó el uso frecuente de la contratación directa y señaló que algunos procesos habrían superado los límites establecidos en el manual interno sin las autorizaciones correspondientes. La auditoría identificó además inquietudes sobre la compra de equipos biomédicos, incluidos elementos que no estarían instalados o que no contarían con personal capacitado para operarlos.
Estos hallazgos son presuntos y deben ser evaluados por las autoridades competentes. Un informe de auditoría no equivale por sí solo a una sanción o una condena contra el gerente u otros funcionarios.
La Procuraduría también abrió una investigación
En septiembre, la Procuraduría informó que abrió una investigación e indagación previa contra Sánchez y otros funcionarios por presuntas irregularidades contractuales que superarían los 2.044 millones de pesos.
Entre los hechos examinados está un contrato de 2025 con la Corporación Balboa por cerca de 444,7 millones de pesos, que presuntamente habría excedido el límite previsto en el manual de contratación y no habría contado con autorización de la junta directiva.
El organismo también indaga una contratación superior a 1.600 millones de pesos para equipos biomédicos especializados, que, según la información de la Procuraduría, podrían no estar funcionando por falta de personal requerido. La investigación incluye otros asuntos administrativos que deberán verificarse.
Una disputa que compromete la confianza pública
El enfrentamiento ocurre en un hospital que presta servicios a Caldas y a municipios cercanos del sur del Valle de Aburrá. Por eso, la controversia no se limita a la relación entre dos funcionarios: también plantea preguntas sobre la transparencia, la financiación y la continuidad de los servicios de salud.
Las afirmaciones del gobernador sobre la entrega de recursos deberán entenderse en el marco de sus declaraciones y de las competencias institucionales. Los reportes consultados no permiten concluir que se haya suspendido formalmente toda financiación ni que el hospital haya dejado de prestar sus servicios.
La salida del conflicto dependerá de las decisiones administrativas, de las explicaciones que entregue la gerencia y de los resultados de las investigaciones. Mientras tanto, tanto los señalamientos como la respuesta del gerente deben tratarse con cautela y bajo la presunción de inocencia.
Mira más noticias aquí
Preguntas frecuentes
¿Por qué se enfrentaron el gobernador y el gerente?
Rendón cuestionó la gestión y la confianza que tiene en Sánchez, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en el hospital. El gerente rechazó los señalamientos y anunció una denuncia por injuria.
¿Qué encontró la Contraloría?
La auditoría reportó 31 presuntas irregularidades, entre ellas un posible detrimento patrimonial de 207 millones de pesos y cuestionamientos a procesos contractuales.
¿Qué investiga la Procuraduría?
Indaga presuntas irregularidades contractuales por más de 2.044 millones de pesos, además de otros posibles asuntos administrativos.
¿El gerente ya fue sancionado?
La información publicada señala que existen investigaciones en curso. Los hallazgos y las indagaciones no deben confundirse con una sanción o una condena definitiva.
¿Qué anunció Juan Carlos Sánchez?
El gerente manifestó que acudirá a la Fiscalía para denunciar al gobernador por presunta injuria y defendió su derecho al debido proceso y al buen nombre.
