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Judicial

Miguel Quintero: nuevo revés judicial en 2026

Miguel Quintero: nuevo revés judicial en 2026

Miguel Quintero permanecerá recluido en Boyacá luego de que una jueza administrativa de Medellín declaró improcedente una acción de tutela que pretendía facilitar su reubicación penitenciaria en Antioquia. La determinación judicial cerró las alternativas inmediatas de traslado gestionadas por una veeduría ciudadana que alegaba vulneraciones a las garantías fundamentales del procesado.

¿Por qué la justicia rechazó la tutela de Miguel Quintero?

El Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín zanjó la controversia el 18 de noviembre al determinar la falta de legitimación en la causa por activa. La tutela había sido interpuesta por la vocera de la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos, Cecilia Quiroz, quien adujo intervenir en calidad de agente oficiosa. No obstante, la autoridad determinó que la promotora no acreditó personería ni facultad procesal para pedir amparo en nombre del investigado.

El expediente judicial detalla que el recurso fue admitido inicialmente el 9 de noviembre de 2026 con el propósito de solicitar informes a las entidades carcelarias, aunque se negó la medida cautelar previa. La acción buscaba proteger la vida, la integridad física y el arraigo familiar de Miguel Quintero respecto a su hija menor de edad. Con estos argumentos, el documento solicitaba disponer la reubicación hacia la cárcel La Paz en Itagüí para garantizar el contacto paterno.

Al revisar el fondo del caso, el juzgado estableció que no existían elementos probatorios que autorizaran a la organización civil a litigar en favor de Miguel Quintero en los estrados judiciales. Ante la ausencia de un poder conferido formalmente o de una causal válida de representación, el despacho declaró la improcedencia del mecanismo constitucional, dejando sin efecto la solicitud de traslado carcelario.

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La negativa para el traslado a la cárcel departamental

El fallo adverso se sumó a una determinación administrativa previa notificada por la Gobernación de Antioquia respecto al sitio de reclusión. El 6 de noviembre, la Secretaría de Seguridad departamental denegó una solicitud tramitada por la defensa jurídica de Miguel Quintero, en la que se requería un cupo especial en la cárcel Yarumito de Itagüí.

La administración seccional explicó que el procesado no reúne los requisitos jurídicos para ingresar a este penal territorial. Aunque los cargos formulados están ligados a la contratación pública, el ente departamental aclaró que Miguel Quintero no ostentaba la condición de servidor público en la época de los hechos. Del mismo modo, descartó que su parentesco familiar con el exalcalde de Medellín fuera un argumento legítimo para autorizar un cupo penitenciario preferencial.

El análisis técnico de la Gobernación de Antioquia también valoró la infraestructura del penal y concluyó que Yarumito es un centro de seguridad mínima. Dicho régimen operativo no cuenta con las condiciones de vigilancia, custodia y contención requeridas para el perfil de riesgo procesal que expuso la propia defensa técnica durante sus peticiones.

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Cuestionamientos en el Concejo de Medellín

La actuación judicial provocó reacciones en el cabildo distrital, donde el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, cuestionó el uso de mecanismos constitucionales por parte de terceros ajenos al proceso. El corporado sostuvo que la veeduría carecía de personería para intervenir y señaló que el abogado de confianza de Miguel Quintero desconocía la radicación de esa tutela.

El directivo municipal afirmó que el interno no debe acceder a condiciones excepcionales ni a beneficios de traslado hacia la cárcel La Paz debido a sus lazos familiares con el exmandatario Daniel Quintero. De acuerdo con su postura, el investigado debe continuar bajo las directrices ordinarias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, garantizando un trato equitativo frente a los demás procesados por la justicia penal.

Origen de las investigaciones y reclusión en El Barne

La actual privación de la libertad de Miguel Quintero responde a una providencia judicial de segunda instancia que revocó su beneficio de detención domiciliaria. En acatamiento a esa orden, las autoridades penitenciarias coordinaron su remisión hacia la cárcel El Barne, penal situado en el municipio de Cómbita, Boyacá, diligencia ejecutada el 30 de octubre.

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El proceso penal en curso se originó por supuestas irregularidades en seis contratos públicos tramitados durante las vigencias 2020 y 2021. Los convenios fueron celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entidades cuyos acuerdos son objeto de escrutinio por parte de los investigadores judiciales.

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según las estimaciones de los peritos oficiales, las presuntas inconsistencias contractuales habrían generado un detrimento patrimonial superior a los $2.481 millones en los recursos del erario público.

Frente a las determinaciones judiciales y los conceptos de la Gobernación de Antioquia, la reclusión de Miguel Quintero se mantendrá sin modificaciones en la cárcel El Barne. La defensa y los entes de control continuarán con el trámite de las etapas procesales previstas en la legislación penal colombiana.

Fuente: elcolombiano.com

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Sobre el autor

Diego Hernández

Soy periodista y comunicador social apasionado por la actualidad de la región. En Medellín Hoy Noticias, me encargo de cubrir las noticias locales, la política y los hechos más relevantes de Medellín y sus alrededores, siempre buscando la verdad con un rigor ético y la inmediatez que exige la actualidad.

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