Álvaro Uribe enfrenta indagatoria por El Aro y La Granja
La Fiscalía investiga posibles responsabilidades en hechos de violencia ocurridos en Antioquia hace casi 30 años
Bajada: El expresidente Álvaro Uribe llegó al búnker de la Fiscalía en Bogotá para responder dentro de un expediente que reúne masacres paramilitares y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La jornada judicial de este viernes puso nuevamente en el centro de la agenda nacional al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El exmandatario acudió al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para rendir indagatoria dentro de un expediente que reconstruye algunos de los episodios más graves de violencia paramilitar registrados en Antioquia durante los años noventa.
El proceso reúne los casos de El Aro, La Granja y San Roque, además del asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La Fiscalía busca establecer si Uribe tuvo algún grado de responsabilidad por acción u omisión en estos hechos o si existió algún vínculo con estructuras paramilitares que operaban en el departamento cuando ejercía como gobernador.
“No he sido asesino”: la respuesta de Uribe
Antes de ingresar a la Fiscalía, Uribe presentó públicamente su posición frente al proceso.
El expresidente afirmó que acudía con tristeza a la diligencia, pero señaló que lo hacía por respeto a la Constitución, a su familia, a sus compatriotas y a la justicia.
También rechazó los señalamientos que lo han relacionado con violaciones de derechos humanos y otros episodios de violencia.
“Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, afirmó.
El mensaje se convirtió en una de las principales declaraciones de la jornada y resume la estrategia de defensa pública que el expresidente ha mantenido frente a las acusaciones que hacen parte del expediente.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El expediente analiza hechos ocurridos entre 1996 y 1998, principalmente durante el periodo en que Uribe era gobernador de Antioquia.
Una de las líneas de investigación está relacionada con la presunta conformación y actuación de estructuras paramilitares en diferentes zonas del departamento.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema abrió formalmente la investigación en junio de 2026 y vinculó al expresidente mediante diligencia de indagatoria.
Entre las conductas investigadas aparecen referencias al concierto para delinquir agravado y al homicidio en persona protegida, de acuerdo con la información divulgada sobre la decisión fiscal.
La existencia de una investigación, sin embargo, no significa que exista una condena contra el expresidente. La eventual responsabilidad deberá establecerse con base en las pruebas y las decisiones judiciales correspondientes.
El Aro, uno de los principales puntos del expediente
La masacre de El Aro, en Ituango, es uno de los episodios centrales del proceso.
La incursión paramilitar dejó víctimas mortales y produjo desplazamientos y destrucción en el corregimiento.
Durante años, diferentes testimonios han intentado establecer cómo se planeó y ejecutó la operación y cuál fue el comportamiento de las autoridades antes, durante y después de los hechos.
Dentro de los elementos que ha revisado la justicia aparecen declaraciones de exintegrantes de grupos paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso.
Mancuso ha entregado versiones sobre la operación de El Aro y sobre supuestos contactos con funcionarios de la época. La defensa de Uribe ha cuestionado los señalamientos y la credibilidad de testimonios utilizados en el proceso.
La Granja ocurrió un año antes
La investigación también se concentra en la masacre de La Granja, ocurrida en junio de 1996.
El episodio tuvo lugar en Ituango, municipio que durante esos años quedó atrapado en la confrontación entre diferentes actores armados.
La Fiscalía analiza si las autoridades tenían información previa sobre la presencia de grupos paramilitares y si existieron actuaciones u omisiones que puedan tener relevancia penal.
Este punto resulta especialmente importante porque los hechos ocurrieron durante el mandato de Uribe como gobernador.
La investigación pretende establecer qué información llegó a las autoridades y cuál fue la respuesta institucional frente a las amenazas contra la población.
La hacienda Guacharacas aparece en la investigación
Otro capítulo del expediente está relacionado con San Roque y la hacienda Guacharacas.
La propiedad perteneció a la familia Uribe y se encontraba ubicada en una zona donde también existía presencia de estructuras armadas ilegales.
La Fiscalía busca determinar si existieron relaciones relevantes entre las estructuras paramilitares investigadas y personas vinculadas con ese entorno.
La revisión de esta línea forma parte del intento por reconstruir cómo operaban los grupos armados en Antioquia y qué conexiones pudieron existir entre actores armados, autoridades y particulares.
Las conclusiones deberán surgir de las pruebas incorporadas al expediente y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
Jesús María Valle: el caso que conecta la investigación con Medellín
El expediente también tiene un capítulo directamente relacionado con Medellín.
Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en la capital antioqueña.
Valle había denunciado públicamente las acciones de grupos paramilitares en Antioquia y había advertido sobre la situación de comunidades afectadas por la violencia.
Su asesinato ocurrió después de sus denuncias y se convirtió en otro de los casos que la justicia busca esclarecer dentro de esta investigación.
La Fiscalía analiza las circunstancias del homicidio y los elementos que permitan establecer responsabilidades en torno al crimen.
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Una defensa que pidió aplazar la diligencia
La comparecencia de Uribe se produjo después de varios intentos de su defensa por aplazar la indagatoria.
El abogado Jaime Granados argumentó que era necesario esperar a que se resolviera una controversia sobre la competencia para investigar el caso.
La defensa también pidió tiempo adicional para analizar información relacionada con declaraciones de Salvatore Mancuso, quien fue entrevistado por la Fiscalía antes de la diligencia de Uribe.
La Fiscalía rechazó la solicitud y mantuvo la citación para este 4 de septiembre.
El debate sobre quién debe investigar el caso
La investigación también ha generado una discusión jurídica sobre la autoridad competente para adelantarla.
La defensa de Uribe ha buscado que el expediente sea trasladado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, mientras que la Fiscalía ha sostenido su posición frente a la competencia para continuar con el proceso.
El conflicto llegó a la Corte Constitucional, que deberá resolver la controversia correspondiente.
Mientras esa discusión avanza, la Fiscalía continuó con la diligencia de indagatoria programada para este viernes.
¿Qué puede pasar después de la indagatoria?
La diligencia no representa automáticamente una acusación ni una condena.
La indagatoria es una actuación mediante la cual el investigado puede entregar su versión frente a los hechos que están siendo examinados.
A partir de la información obtenida durante el proceso, la Fiscalía deberá continuar valorando documentos, testimonios y demás elementos probatorios.
El desenlace dependerá de las decisiones que adopte el ente investigador y, posteriormente, de las autoridades judiciales que tengan competencia sobre el caso.
Por eso, aunque la comparecencia de Uribe representa un momento importante dentro del expediente, todavía no constituye una decisión definitiva sobre su responsabilidad.
Un expediente que vuelve a ocupar la agenda nacional
La investigación tiene una dimensión histórica y política que trasciende la diligencia de este viernes.
Los hechos ocurrieron hace casi tres décadas, pero las preguntas sobre las responsabilidades de autoridades y actores armados continúan formando parte de los procesos de verdad y justicia relacionados con el conflicto colombiano.
Para las víctimas y sus familias, los avances judiciales representan una oportunidad para esclarecer hechos que durante años permanecieron abiertos.
Para la defensa de Uribe, en cambio, el proceso representa una investigación basada en señalamientos que el expresidente ha rechazado de manera reiterada.
La Fiscalía deberá ahora avanzar con la valoración de las pruebas y definir el camino procesal que corresponda.
Mientras tanto, la declaración de Álvaro Uribe vuelve a poner bajo el foco nacional los episodios de violencia que marcaron a Antioquia durante la década de los noventa.
