Porte de armas cambia en Colombia con nuevo decreto
Gobierno elimina la suspensión general, pero mantiene los controles
Bajada: El Decreto 1368 de 2026 permite recuperar la vigencia de permisos individuales que cumplan las condiciones legales, pero no autoriza el porte libre de armas de fuego.
Un nuevo decreto cambió desde este martes el panorama del porte de armas en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el levantamiento de la suspensión general que había restringido durante años el ejercicio de los permisos para portar armas de fuego.
La decisión genera un cambio importante en la política nacional de seguridad, pero hay una precisión que las autoridades consideran fundamental: no se trata de una autorización para que cualquier persona pueda portar armas.
El Decreto 1368 de 2026 mantiene los requisitos, las condiciones y los controles que deben cumplir quienes cuentan con permisos individuales.
En consecuencia, el anuncio no significa que desaparezca el sistema de autorizaciones ni que una persona pueda portar un arma simplemente porque la suspensión general fue levantada.
El Gobierno levantó la suspensión general
La nueva norma establece el levantamiento de la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego en todo el territorio nacional.
Las autoridades militares deberán adoptar las medidas administrativas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes y que no tengan una restricción particular.
El cambio significa que los titulares de permisos vigentes podrán ejercer nuevamente las facultades asociadas a esas autorizaciones, sin tener que solicitar una autorización especial adicional únicamente por el levantamiento de la suspensión.
Pero la autorización original sigue siendo indispensable.
No habrá porte libre de armas
El mensaje central del decreto es que la medida no crea un derecho al porte libre.
Para portar legalmente un arma se mantiene la obligación de contar con un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente.
Además, el arma debe estar incluida específicamente dentro de la autorización y su titular debe cumplir las condiciones y restricciones correspondientes.
El decreto mantiene las disposiciones del Decreto Ley 2535 de 1993 y las demás normas aplicables al control de armas.
Por eso, el cambio debe interpretarse como el fin de una suspensión general y no como una eliminación de los controles estatales.
¿Qué ocurre con quienes ya tienen permiso?
Los ciudadanos que cuentan con un permiso de porte vigente y que no tienen restricciones particulares son los principales beneficiados por el cambio.
El Gobierno estableció que esos permisos podrán recuperar su eficacia con la entrada en vigor de la nueva norma.
No será necesario tramitar una autorización especial adicional para ejercer un permiso vigente.
Sin embargo, cada autorización conserva sus condiciones originales.
Esto quiere decir que el levantamiento de la suspensión general no modifica automáticamente las características del permiso ni amplía las facultades que fueron autorizadas.
Hay personas que siguen sin poder portar
La nueva política también establece situaciones en las que el porte continúa prohibido.
Un permiso vencido, suspendido individualmente, cancelado o revocado no vuelve a tener validez simplemente porque se haya levantado la suspensión general.
Tampoco quedan habilitadas las armas que tengan una medida judicial o administrativa que impida su porte.
Y existe otra diferencia importante: un permiso de tenencia no se convierte automáticamente en uno de porte.
Estas restricciones hacen que la situación de cada ciudadano dependa de la vigencia y las condiciones específicas de su autorización.
Las autoridades conservarán el control
El Estado tampoco pierde sus facultades de vigilancia.
Las autoridades militares continuarán encargadas de expedir, revalidar, suspender, cancelar y revocar permisos cuando corresponda.
La Policía mantendrá sus competencias de inspección, vigilancia, incautación y decomiso.
Además, los sistemas institucionales de registro y seguimiento continuarán funcionando para verificar cuáles permisos están vigentes y cuáles tienen restricciones.
El decreto incluso contempla que las autoridades puedan establecer nuevas suspensiones si las condiciones de seguridad lo hacen necesario.
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La decisión es una promesa cumplida, según el presidente
Abelardo de la Espriella defendió la medida como el cumplimiento de una de sus promesas de campaña.
El presidente argumentó que durante años se restringió a ciudadanos que cumplen las normas mientras organizaciones criminales continuaron utilizando armas de manera ilegal.
Desde esa perspectiva, el Gobierno plantea que el nuevo esquema busca permitir el ejercicio de los permisos legales sin abandonar el control institucional.
La decisión, sin embargo, abre un nuevo debate nacional sobre la relación entre el porte legal, la seguridad ciudadana y la capacidad del Estado para controlar las armas que circulan en el país.
El cambio también tendrá impacto en la seguridad
El debate no se limita a quienes poseen permisos.
El levantamiento de la suspensión general modifica una política que había estado vigente durante varios años y puede convertirse en uno de los asuntos centrales de la discusión sobre seguridad del Gobierno.
Las autoridades deberán demostrar que el nuevo modelo puede funcionar manteniendo controles efectivos y evitando que el levantamiento de la suspensión se traduzca en un aumento del porte ilegal o de situaciones de riesgo.
Al mismo tiempo, el Gobierno sostiene que el problema principal está relacionado con las armas utilizadas por estructuras criminales y que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en combatir ese fenómeno.
¿Cuándo comienza a aplicarse?
El Decreto 1368 de 2026 establece que la medida comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
A partir de ese momento, las autoridades militares deberán implementar las acciones necesarias para actualizar los registros y restablecer la eficacia de los permisos individuales que cumplan las condiciones.
La norma también deroga disposiciones anteriores relacionadas con la suspensión general.
Por ahora, la clave para los ciudadanos está en no confundir el levantamiento de la suspensión con una autorización general.
Lo que realmente cambia desde ahora
El nuevo escenario puede resumirse en una diferencia fundamental.
Antes existía una suspensión general que impedía ejercer de manera ordinaria los permisos de porte, salvo las excepciones establecidas.
Ahora esa suspensión queda levantada, pero el sistema de permisos individuales permanece.
Por lo tanto, quien tenga una autorización vigente y cumpla las condiciones podrá ejercerla de acuerdo con la ley, mientras que una persona sin permiso no queda habilitada automáticamente.
El Gobierno cambió la regla general, pero no eliminó el control estatal.
La medida marca así un giro en la política de porte de armas en Colombia, al mismo tiempo que mantiene las herramientas legales para que las autoridades puedan suspender, cancelar o revocar permisos cuando existan razones que lo justifiquen.
