Cambio oficial sobre acuerdos de paz con 15 votos en la ONU
Los acuerdos de paz vuelven a estar en el centro del debate político colombiano tras la reciente decisión tomada por la Organización de las Naciones Unidas y la inmediata reacción de diversos sectores nacionales. El pronunciamiento se produjo luego de que el Gobierno nacional lograra modificar el alcance internacional de la veeduría en el país, lo que provocó una serie de observaciones críticas por parte del expresidente Álvaro Uribe respecto al alcance de la solicitud presentada ante la comunidad internacional.
¿Qué cambia para los acuerdos de paz ante la ONU?
El punto central de esta coyuntura se originó cuando el presidente Abelardo De La Espriella informó que el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la iniciativa formulada por el Estado colombiano. La medida modifica de manera sustancial las tareas asignadas a la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016, redefiniendo las áreas que contarán con supervisión externa y aquellas que quedarán bajo el control exclusivo del aparato estatal.
Con esta determinación respaldada por 15 votos afirmativos, sin posturas en contra ni abstenciones, la instancia internacional limitará su campo de acción. A partir de esta modificación, el personal de supervisión centrará sus labores en dos aspectos puntuales: la reincorporación de los antiguos combatientes a la vida civil y el cumplimiento de las garantías de seguridad contempladas en el documento pactado.
Como consecuencia directa del ajuste a los acuerdos de paz, la Reforma Rural Integral ya no contará con el seguimiento del organismo multilateral. Dicho componente pasará a ser administrado y supervisado de forma directa y exclusiva por las entidades públicas del país, apartando la mirada técnica que mantenían las delegaciones extranjeras sobre el desarrollo agrario nacional.
La soberanía estatal y los acuerdos de paz
Desde la perspectiva de la Casa de Nariño, este giro consolida la soberanía colombiana al momento de hacer cumplir sus compromisos internos dentro del marco normativo vigente. El jefe de Estado argumentó que corresponde a las autoridades locales establecer y ejecutar los mecanismos constitucionales pertinentes, sin requerir una tutela permanente sobre asuntos que competen a la gestión de las instituciones de la nación.
El Gobierno nacional insistió en que el proceso no debe traducirse en impunidad y defendió la necesidad de fortalecer la justicia, la seguridad y la presencia integral del Estado a lo largo y ancho del territorio. En este escenario, los acuerdos de paz deben concebirse bajo el principio de legalidad e institucionalidad fuerte. La gestión diplomática que condujo a este resultado en Nueva York fue liderada por el embajador ante el organismo internacional, Mauricio Gaona, a quien la Presidencia agradeció públicamente por su labor.
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Los reparos expresados por Álvaro Uribe
Frente a las determinaciones adoptadas a nivel multilateral, el líder del Centro Democrático manifestó sus discrepancias a través de su cuenta de la red social X. El exmandatario cuestionó el enfoque de la Casa de Nariño y aseguró que la postura gubernamental resultó “muy benigna” al plantear los requerimientos ante el organismo multilateral respecto a lo pactado con la extinta guerrilla.
Uribe sustentó su reparo repasando lo que considera consecuencias negativas derivadas de los acuerdos de paz en materia de seguridad y finanzas públicas:
- El incremento en la exportación de estupefacientes, al señalar que se pasó de exportar 150 a 2.100 toneladas de cocaína.
- El crecimiento cuantitativo de las estructuras armadas al margen de la ley, las cuales habrían aumentado de 7.000 a 26.000 integrantes.
- La persistencia de impunidad total frente a crímenes graves cometidos por miembros de las Farc, incluyendo agresiones contra mujeres y menores de edad.
- El deterioro en la valoración y trato brindado a los miembros de las Fuerzas Militares en el marco judicial posterior.
- El aumento desmedido de dependencias burocráticas y la generación de un gasto fiscal insostenible para el tesoro público.
Para el vocero del Centro Democrático, las condiciones actuales exigen un diagnóstico riguroso sobre las consecuencias del pacto firmado en 2016, indicando que el diálogo diplomático debió abordar de forma más severa los problemas de orden público derivados de la implementación.
Implicaciones del nuevo marco de verificación
La delimitación de funciones impuesta a la Misión de Verificación marca una etapa diferente en la relación entre el Estado colombiano y los organismos internacionales. Al excluir la política rural de los ojos de los observadores externos, la administración nacional adquiere una responsabilidad plena sobre los resultados en el campo y sobre el avance de los acuerdos de paz en las regiones.
Por otro lado, la concentración de esfuerzos en la seguridad de los firmantes y en su integración económica responde a una de las exigencias más urgentes del entorno social. Mientras el Gobierno celebra el respaldo unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, el debate político local continuará girando en torno a la conveniencia de reducir o mantener el acompañamiento global en la implementación territorial.
Fuente: semana.com
