Caso Álvaro Uribe: fallo oficial definido por 7 votos
El caso Álvaro Uribe continuará en manos de la Fiscalía General de la Nación tras la decisión de la Corte Constitucional de declararse inhibida para resolver el aparente conflicto de competencias institucionales. La determinación, adoptada mediante una votación de 7 votos frente a 2, ratifica que el ente acusador seguirá conociendo las indagaciones sobre graves hechos ocurridos en el departamento de Antioquia.
¿Qué resolvió la Corte Constitucional sobre la competencia?
La Sala Plena de la Corte Constitucional optó por abstenerse de dirimir de fondo la controversia suscitada entre los dos organismos investigadores. Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, el tribunal consideró que no estaban dados los presupuestos procesales para determinar cuál instancia debía asumir el proceso. En esta deliberación, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración de voto.
A nivel práctico, esta postura judicial no altera el desarrollo del caso Álvaro Uribe que venía adelantando el ente acusador en los últimos meses. Las actuaciones continúan su curso ordinario desde junio del año pasado, momento en el cual se ordenó vincular al exmandatario a indagatoria tras cumplirse más de 20 años de los acontecimientos investigados. De este modo, la investigación por presunto concierto para delinquir agravado y homicidio agravado en persona protegida permanece bajo la competencia de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación
La disputa institucional comenzó formalmente en agosto, cuando Carlos Alberto Cuenca, quien presidía la Comisión de Acusación en la Cámara de Representantes, solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo la entrega de las diligencias. La petición parlamentaria planteaba que las conductas atribuidas al expresidente podrían encontrarse cobijadas por el fuero presidencial, lo que facultaría a la Comisión de Acusación para asumir las investigaciones sobre estos hechos históricos.
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Frente a este requerimiento, el ente acusador rechazó el traslado tras argumentar que los episodios investigados sucedieron entre los años 1996 y 1997. Durante ese período, el dirigente político ejercía como gobernador y no como presidente de la República, por lo que no correspondía reconocer un fuero presidencial sobre tales actuaciones. Ante las posturas enfrentadas de ambos despachos en el caso Álvaro Uribe, la controversia llegó a los magistrados para definir la competencia, pero la falta de requisitos procesales derivó en una declaración inhibitoria.
Los cuatro episodios clave en el caso Álvaro Uribe
La Fiscalía unificó bajo una misma línea investigativa cuatro sucesos ocurridos en el conflicto armado regional para esclarecer el caso Álvaro Uribe y determinar si existieron omisiones mientras se desempeñaba en la Gobernación de Antioquia. Las líneas procesales que integran este expediente abarcan hechos de violencia de gran impacto:
- La presunta conformación del Bloque Metro de las autodefensas en la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque.
- Los crímenes cometidos durante la masacre de La Granja a mediados de 1996.
- La incursión armada conocida como la masacre de El Aro ocurrida en octubre de 1997.
- El homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en la capital antioqueña.
En cuanto a la finca Guacharacas, antiguos mandos paramilitares han rendido declaraciones afirmando que en esos terrenos se financió y gestó una estructura armada de autodefensas. El exmandatario ha rechazado tajantemente tales señalamientos a lo largo de los años. Su defensa sostiene que la familia vendió la propiedad y se desvinculó de la zona mucho antes de la operación de dicho grupo, luego del asesinato de su padre ocurrido el 14 de junio de 1983 durante un ataque guerrillero.
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Las indagaciones en Ituango y la postura defensiva
En el norte del departamento, las indagaciones sobre el caso Álvaro Uribe se centran en las incursiones perpetradas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en el municipio de Ituango, las cuales causaron decenas de muertes y desplazamientos masivos. La justicia busca establecer si existió una inactividad deliberada por parte de las autoridades civiles y militares para contener los ataques. En las diligencias sobre la masacre de El Aro se ha debatido ampliamente sobre el presunto sobrevuelo de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la tragedia, versión frente a la cual el investigado ha certificado que los traslados aéreos solo respondían a misiones oficiales y de rescate.
La defensa técnica en el caso Álvaro Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, sostiene que no existen pruebas novedosas ni fundamentos jurídicos válidos que sustenten la reapertura de un expediente tras más de dos décadas de actuaciones archivadas. De forma paralela, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente sobre la apertura de la investigación para manifestar que el investigado debería considerar acudir a instancias de justicia transicional con el fin de aportar a la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.
Con este pronunciamiento judicial, el curso procesal del caso Álvaro Uribe se mantendrá en las instancias ordinarias de la justicia, donde los fiscales delegados continuarán evaluando el material probatorio acumulado. Las partes involucradas deberán esperar las próximas determinaciones de la Fiscalía para conocer el avance formal de las diligencias frente a las acusaciones formuladas.
Fuente: elcolombiano.com
