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Política

Censo electoral en 2026: rechazo oficial a la DNI

Censo electoral en 2026: rechazo oficial a la DNI

El censo electoral colombiano fue solicitado de manera formal por la Dirección Nacional de Inteligencia el 9 de abril de 2026 a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La entidad encargada de organizar los comicios rechazó de inmediato la petición oficial, impidiendo la salida de los registros de más de 41 millones de votantes habilitados en el país.

La comunicación que generó la controversia estuvo firmada por René Guarín, quien se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia en ese momento. En la misiva se pedía la entrega íntegra del censo electoral vigente en un archivo plano para su análisis interno, argumentando motivos de seguridad nacional y contrainteligencia.

¿Qué información solicitaba la Dirección Nacional de Inteligencia?

El requerimiento institucional no se limitaba a cifras globales de participación ciudadana. La petición detallaba el acceso a nombres completos, números de cédula, edad, género y la confirmación sobre si cada ciudadano estaba facultado para ejercer el voto.

Asimismo, la solicitud incluía la localización precisa del puesto de votación asignado a cada habitante, con el municipio y departamento correspondientes. El exregistrador Juan Carlos Galindo calificó la petición como un hecho inédito y señaló que nunca antes se había formulado un requerimiento de esa naturaleza contra el censo electoral por los riesgos de fuga de información.

A pesar de que el organismo de inteligencia justificó la necesidad de los datos en razones de Estado, las autoridades electorales determinaron que no existía sustento normativo para transferir esos archivos masivos. Finalmente, la base de datos completa permaneció bajo la custodia exclusiva del organismo electoral independiente.

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¿Por qué el censo electoral tiene reserva legal?

La Ley 1475 de 2011 establece en su artículo 47 que el censo electoral reúne el registro general de cédulas habilitadas para ejercer el derecho al sufragio en Colombia y en el exterior. Esta base de datos goza de estricta reserva jurídica para resguardar la intimidad de los ciudadanos y blindar la integridad del sistema democrático.

Existen tres fundamentos esenciales que impiden la libre circulación de esta información:

  • Protección de los datos personales y biográficos para impedir que se utilicen en actividades comerciales o con fines proselitistas no autorizados.
  • Prevención de delitos graves como la suplantación de identidad o eventuales maniobras de fraude en las mesas de votación.
  • Custodia institucional exclusiva asignada por el Código Electoral a la Registraduría para evitar el cruce masivo de domicilios electorales por terceros.

Expertos del sector y voceros de la Misión de Observación Electoral han reiterado que la ruptura de la reserva podría derivar en compra de votos, presiones indebidas y filtración indebida de datos personales. Por ello, la entrega del censo electoral a organismos ajenos a la administración de las elecciones representa una vulneración directa de las garantías ciudadanas.

Antecedentes de los cuestionamientos al sistema electoral

La petición enviada a la Registraduría se produjo en un periodo marcado por continuos cuestionamientos del entonces mandatario Gustavo Petro hacia la transparencia institucional. Semanas antes, el jefe de Estado había advertido públicamente sobre un inminente riesgo de fraude en las votaciones.

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Durante ese mismo periodo, el registrador Hernán Penagos acudió a la Fiscalía para denunciar posibles planes orientados a intervenir la infraestructura tecnológica de la entidad. Adicionalmente, la Dirección Nacional de Inteligencia emitió alertas sobre supuestos ataques cibernéticos dirigidos a entidades públicas.

La solicitud de los archivos coincidió además con una etapa previa al cierre formal del censo electoral definitivo, el cual quedó fijado el 30 de abril con 41.421.973 ciudadanos habilitados. Tras las primeras jornadas de votación, el mandatario insistió en que el padrón electoral supuestamente presentaba un incremento de 885.000 registros, afirmación que fue desmentida por auditorías técnicas de la observación electoral independiente.

Seguridad institucional y próximos pasos

Los reportes de empalme institucional mencionaron además la presencia de personas ajenas en dependencias electorales durante los primeros meses del año, como ocurrió con el ingreso de Cristian Javier Oyola Tovar el 13 de febrero a reuniones sobre el software de escrutinio. Dicho ingreso se produjo con autorización enviada a nombre de una magistrada electoral.

Frente a estos episodios, la autoridad encargada de las elecciones mantuvo inalterados sus protocolos de protección sobre el censo electoral y ratificó que ningún actor externo obtuvo acceso a los archivos digitales reservados. Hasta el momento no existen comprobaciones de que la base con los datos personales de la ciudadanía haya salido de los servidores oficiales del organismo organizador.

Fuente: elcolombiano.com

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Sobre el autor

Diego Hernández

Soy periodista y comunicador social apasionado por la actualidad de la región. En Medellín Hoy Noticias, me encargo de cubrir las noticias locales, la política y los hechos más relevantes de Medellín y sus alrededores, siempre buscando la verdad con un rigor ético y la inmediatez que exige la actualidad.

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