Ley de Rescate Económico: anuncio oficial de 2026
La Ley de Rescate Económico no aplicará el impuesto al valor agregado a los alimentos básicos, insumos agropecuarios ni servicios de salud complementaria en Colombia. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, este miércoles 18 de noviembre durante su intervención ante las comisiones económicas del Congreso de la República reunidas en Bogotá.
Bienes y servicios excluidos del cobro tributario
El pronunciamiento del titular de la cartera ministerial aclaró el alcance de la propuesta frente a las preocupaciones de diversos sectores sociales y productivos. El funcionario enfatizó que los productos esenciales de la canasta familiar mantendrán su condición actual y no recibirán nuevas cargas impositivas dentro del articulado gubernamental.
La misma directriz regirá para los insumos del campo y los contratos de medicina prepagada, los cuales conservarán su régimen vigente sin alteraciones tributarias. De esta manera, el trámite de la Ley de Rescate Económico busca blindar el consumo cotidiano de los hogares mientras avanza en la discusión parlamentaria.
¿Qué cambios plantea la Ley de Rescate Económico para el gasto público?
Más allá del ámbito tributario directo, el objetivo central del proyecto estatal consiste en corregir el desequilibrio de las cuentas gubernamentales y garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Para lograrlo, el documento establece una reducción global del gasto público estimada en $23,7 billones mediante una profunda reestructuración del aparato estatal.
Las metas fijadas en la Ley de Rescate Económico pretenden optimizar el funcionamiento de las entidades gubernamentales a través de varias decisiones concretas:
- Un recorte aproximado de $8 billones anuales en costos de operación hasta el año 2030.
- Una reducción del 50 % en la contratación por prestación de servicios (OPS).
- Una disminución cercana al 20 % en gastos asociados a la nómina oficial, con excepción de las áreas de defensa y seguridad.
- La revisión técnica de 189 transferencias del Estado, acompañada de la venta de activos sin uso y la posible fusión o supresión de organismos.
Las razones del Gobierno para sustentar la iniciativa
Durante su sustentación, Gómez explicó que la economía nacional ha registrado un ritmo de expansión promedio del 1,6 % anual en los últimos cuatro años. Este desempeño se produjo en un entorno marcado por presiones inflacionarias sostenidas, mayores costos para adquirir financiación y una desaceleración de los flujos de inversión privada.
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El funcionario advirtió que el nivel de erogaciones gubernamentales no descendió a las cifras previas a la emergencia sanitaria internacional. Aunque los recaudos mostraron un comportamiento favorable durante 2023 y 2024, los ingresos retornaron a su tendencia habitual, ampliando la brecha presupuestal frente a los compromisos adquiridos.
Bajo la perspectiva del Ministerio de Hacienda, el debate de la Ley de Rescate Económico resulta indispensable para evitar una corrección abrupta por parte de los mercados. La falta de medidas oportunas podría traducirse en un aumento del desempleo para más de 500.000 personas, además de provocar una pérdida en el ingreso individual y un deterioro social.
Metas de endeudamiento y estímulos para la inversión
El ministro aclaró que el ajuste fiscal diseñado por el Ejecutivo no pretende amortizar la deuda acumulada del Estado, sino detener su escalada para ubicarla en un rango manejable. La meta oficial es que el esfuerzo administrativo, equivalente al 4,7 % del producto interno bruto, permita estabilizar dicho saldo en torno al 64 % para 2030.
Para impulsar la reactivación, la propuesta incorpora el Régimen Unificado de Grandes Empresas (RUGE), una figura que contempla estabilidad en las reglas tributarias por 16 años y beneficios en la tarifa de renta para compañías que desarrollen proyectos dentro de los calendarios fijados. Con esta herramienta, las autoridades calculan la llegada de inversiones superiores a $27 billones, lo que representa más de 1,4 % del PIB.
Asimismo, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante mejores mecanismos de fiscalización contra el contrabando, la evasión y la mora tributaria. El trámite de la Ley de Rescate Económico continuará en el Congreso, donde los legisladores tendrán la tarea de evaluar el articulado definitivo para ordenar las finanzas nacionales.
Fuente: elcolombiano.com


