Política de vivienda: debate esencial en 2026
Política de vivienda y reactivación económica fueron los ejes abordados por banqueros, congresistas y el Gobierno durante el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol. En este encuentro, celebrado recientemente, los diversos sectores expusieron fórmulas para dinamizar la edificación de inmuebles residenciales y facilitar la compra formal a miles de familias en todo el territorio nacional.
¿Qué cambios requiere la política de vivienda?
Los participantes del encuentro coincidieron en que la política de vivienda requiere consolidarse como una política de Estado con metas sostenibles que trasciendan los periodos gubernamentales. El senador Andrés Forero advirtió que los recursos presupuestales del sector pasarían de $1,7 billones en 2026 a $700.000 millones en 2027, motivo por el cual solicitó retomar esquemas estables como Mi Casa Ya. Por su parte, el representante Samir Radi propuso convertir dicho esquema en una herramienta permanente y coordinar esfuerzos locales mediante un Sistema Nacional de Transformación Territorial.
Para lograr que las familias consoliden su patrimonio, los voceros insistieron en revisar los subsidios de vivienda y su articulación presupuestal. El representante Mauricio Toro destacó que cualquier ajuste en las finanzas estatales debe ejecutarse de forma gradual para no lesionar la entrega de apoyos habitacionales ni frenar el empleo que genera la infraestructura.
Propuestas para reducir las tasas de interés y los costos financieros
El encarecimiento del crédito representa una de las mayores barreras actuales para la edificación y compra de inmuebles. Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, planteó la urgencia de bajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios del 15% a niveles cercanos al 11% o 12%. Según el directivo, reactivar cerca de 60.000 subsidios a la tasa permitiría dinamizar las ventas con un costo fiscal menor al de las ayudas directas tradicionales.
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Por su parte, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, expuso la posibilidad de estructurar garantías públicas para compartir el riesgo de las operaciones de crédito. Este mecanismo mejoraría las condiciones de liquidez para los constructores sin obligar a un desembolso estatal inmediato por el valor total de las obligaciones, facilitando que la política de vivienda recupere el ritmo de iniciación de obras.
El debate financiero también abordó el porcentaje máximo de financiación sobre el valor de los inmuebles. Directivos como Juan Carlos Gómez, presidente de la Fundación Grupo Social, propusieron evaluar alternativas de financiación superiores al 80%, alcanzando coberturas del 90% o incluso la totalidad del predio. No obstante, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, puntualizó que cualquier incremento en este indicador debe analizarse con prudencia técnica según el perfil de riesgo de cada segmento.
El reto de la cuota inicial y el ahorro de los hogares
Reunir el dinero para la cuota inicial sigue siendo uno de los principales obstáculos para miles de compradores colombianos. Juan Carlos Gómez enfatizó la importancia de reactivar estímulos tributarios como las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción y los fondos colectivos, herramientas que perdieron vigor después de 2022. A su vez, destacó la viabilidad de figuras como Semillero de Propietarios para acompañar el paso del arrendamiento a la titularidad.
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La presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, señaló que las entidades financieras pueden aprovechar las remesas familiares para valorar los ingresos reales de los solicitantes. Durante 2025, el país captó US$13.098 millones en giros provenientes del exterior, lo que evidencia una capacidad económica medible en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Quindío y Bolívar.
En el marco de la política de vivienda, directivos y gremios discutieron diversas alternativas institucionales para impulsar el sector:
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- Subsidios focalizados dirigidos a reducir el impacto de las tasas de interés en los créditos a largo plazo.
- Habilitación expedita de suelo urbanizable coordinada con las administraciones locales y los planes de ordenamiento territorial.
- Aprovechamiento de recursos provenientes de cajas de compensación y regalías para complementar la financiación regional.
Contexto y perspectivas para la política de vivienda
La brecha habitacional en el país evidencia un desbalance notable entre la oferta formal y la formación demográfica. Mientras que en Colombia se construyen cerca de 112.000 unidades anuales, la demanda supera los 280.000 nuevos hogares cada año. Para revertir esta tendencia, gremios como Camacol instan a no suspender los subsidios de vivienda y mantener el impulso constructor como motor clave del empleo y la inversión.
El Gobierno nacional, a través del ministro Jaime Andrés Beltrán, anunció planes para edificar 20.000 residencias en áreas afectadas por emergencias hacia 2029, respaldadas por programas rurales y urbanos. Asimismo, una política de vivienda articulada con alcaldías y gobernaciones resulta indispensable para agilizar trámites y garantizar la seguridad jurídica en futuros proyectos.
Garantizar la estabilidad de las reglas de juego es la meta compartida para consolidar la política de vivienda en el mediano plazo. Los líderes del sector confían en que el diálogo técnico permita estructurar instrumentos financieros eficaces, donde el crédito responsable y el ahorro colectivo permitan a más ciudadanos acceder a un techo propio.
Fuente: elcolombiano.com
