De la Espriella decreta el final de la Paz Total
El Gobierno cerró los diálogos con grupos armados y ahora apuesta por sometimiento, justicia y ofensiva de la Fuerza Pública
El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó una decisión que modifica por completo la política del Estado frente a los grupos armados ilegales: se terminaron las mesas de diálogo, los espacios sociojurídicos y los mecanismos de ubicación heredados de la administración de Gustavo Petro.
La Presidencia argumentó que estos escenarios no mostraron avances suficientes en paz, desarme o sometimiento a la justicia y que no continuará manteniendo mecanismos que puedan ser utilizados por las organizaciones ilegales para prolongar sus actividades criminales.
El anuncio representa el cierre de una de las principales apuestas del gobierno anterior y abre una nueva etapa en la política de seguridad colombiana.
La medida incluye procesos con el ELN, disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y varias estructuras criminales que habían participado en conversaciones en diferentes regiones.
La decisión que cambia la política de seguridad
El mensaje del nuevo Gobierno es claro: las organizaciones armadas que quieran abandonar la ilegalidad tendrán que hacerlo mediante el sometimiento a la justicia.
La administración de De la Espriella considera que no existen condiciones para continuar con negociaciones que, desde su perspectiva, no produjeron resultados concretos.
El Ejecutivo también señaló que no permitirá que los grupos armados utilicen los escenarios de diálogo para obtener ventajas procesales o mantener su actividad criminal mientras permanecen sentados con representantes del Estado.
La nueva estrategia estará sustentada en dos caminos diferentes: sometimiento para quienes abandonen las armas y acción de la Fuerza Pública contra quienes continúen atacando a la población.
ELN, disidencias y Clan del Golfo quedan fuera de las mesas
El cierre alcanza algunos de los procesos más importantes que fueron abiertos durante el gobierno de Gustavo Petro.
Entre ellos está la negociación con el ELN, suspendida desde enero de 2025, además de los espacios con estructuras disidentes de las Farc.
También se dio por terminado el proceso con el Clan del Golfo, que durante las conversaciones se presentó como Ejército Gaitanista de Colombia.
A ellos se suman estructuras como el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
El Frente Comuneros del Sur también quedó incluido en la decisión. Esta organización había protagonizado uno de los procesos que mostró algunos resultados concretos durante la administración anterior, entre ellos la entrega de 585 artefactos explosivos para su destrucción.
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Medellín y el Valle de Aburrá también sienten el cambio
La decisión tiene una repercusión directa en Antioquia.
El Gobierno confirmó el cierre de las conversaciones con alrededor de 17 bandas que operaban en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.
Dentro de los grupos que participaron en esos espacios estuvieron La Oficina, Los Chatas, El Mesa y Los Triana, además de otras organizaciones criminales.
Estos espacios buscaban generar condiciones para disminuir la violencia y encontrar mecanismos para la desarticulación de las estructuras.
Ahora, la administración nacional considera que esos procesos deben terminar y que los integrantes de las organizaciones que quieran abandonar la actividad criminal tendrán que recurrir a las rutas de sometimiento previstas por la legislación.
¿Qué significa el cierre para las bandas?
El fin de las mesas no implica que las autoridades abandonen el objetivo de reducir la violencia.
El cambio está en la herramienta utilizada.
En lugar de mantener conversaciones colectivas con las organizaciones, el Gobierno quiere que cada integrante que pretenda abandonar la ilegalidad se someta a la justicia y cumpla las condiciones establecidas.
La estrategia busca evitar que los grupos obtengan reconocimiento político o espacios institucionales mientras mantienen sus estructuras armadas.
Para las ciudades donde existen organizaciones con control territorial, el resultado dependerá de la capacidad de las autoridades para combinar inteligencia, operaciones policiales, presencia militar y mecanismos judiciales.
Putumayo también queda en el centro de la decisión
El Gobierno ordenó además levantar la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo.
Ese lugar había sido creado dentro de los procesos impulsados durante el gobierno Petro y allí se concentraron integrantes de los Comandos de Frontera que habían dejado las armas.
El cierre tiene una fecha de transición y supone que el acompañamiento deberá realizarse fuera de la zona mediante mecanismos individuales de reincorporación.
El caso ha generado preocupación porque se trata de uno de los pocos procesos en los que integrantes de una estructura armada habían avanzado hacia el abandono de las armas. Reportes recientes indican que inicialmente fueron 99 las personas concentradas en la zona y que varias permanecían allí después de conocerse la decisión. citeturn1news0turn1search2
El Gobierno habla de una nueva ruta
La administración nacional sostiene que la salida para los integrantes de grupos armados será el sometimiento.
La diferencia es importante porque un proceso de negociación supone conversaciones sobre condiciones políticas o jurídicas entre el Estado y una organización.
El sometimiento, en cambio, parte de la aceptación de la autoridad del Estado y de las consecuencias jurídicas correspondientes.
La nueva administración pretende que esa sea la vía para quienes quieran abandonar las estructuras criminales.
Mientras tanto, quienes mantengan acciones violentas contra civiles serán perseguidos por las autoridades.
Los Pepes podrían estrenar el nuevo modelo
En Barranquilla ya apareció un posible primer caso.
La banda Los Pepes manifestó su supuesta disposición a someterse, entregar información, contar la verdad y reparar a las víctimas.
La organización incluso habría expresado voluntad de servir como mediadora ante otras estructuras.
Sin embargo, una manifestación de intención no equivale todavía a un proceso de sometimiento concluido. Las autoridades tendrán que establecer las condiciones, verificar la voluntad de los integrantes y aplicar los mecanismos jurídicos correspondientes.
El caso podría convertirse en una prueba para la estrategia que ahora pretende implementar el Gobierno nacional.
¿Fracasó la Paz Total?
El Gobierno de De la Espriella presenta el cierre como una consecuencia de la falta de resultados de los procesos heredados.
Durante el gobierno de Petro, la Paz Total buscó negociar simultáneamente con diferentes organizaciones armadas y criminales.
La estrategia enfrentó dificultades en varios frentes. Algunas mesas fueron suspendidas, otras se rompieron y en distintos territorios continuaron los enfrentamientos, desplazamientos y otras formas de violencia.
La Fundación Ideas para la Paz había señalado problemas en los tres grandes objetivos de la estrategia: reducir la violencia, generar transformaciones territoriales y conseguir el tránsito de integrantes de grupos ilegales hacia la vida civil.
Pero el cierre de las mesas tampoco elimina automáticamente los problemas que originaron los conflictos.
Los grupos armados continúan teniendo presencia en diferentes regiones y mantienen capacidades económicas, militares y territoriales.
El nuevo reto será mostrar resultados
El verdadero desafío para el Gobierno comenzará después del anuncio.
Cerrar las mesas es una decisión política; conseguir una reducción sostenida de la violencia será la prueba de la nueva estrategia.
La administración tendrá que demostrar que el sometimiento puede ofrecer una salida efectiva a quienes quieran abandonar las organizaciones y, al mismo tiempo, que la Fuerza Pública puede recuperar territorios donde las estructuras criminales mantienen influencia.
En Medellín y el Valle de Aburrá, el cambio será seguido especialmente de cerca debido al número de estructuras que habían participado en los espacios sociojurídicos.
También será importante observar si las bandas intentan reorganizarse, aumentar sus acciones violentas o buscar mecanismos individuales para negociar su salida de la ilegalidad.
Con el cierre de los últimos espacios de diálogo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella da por terminada una etapa iniciada con la llegada de Gustavo Petro al poder.
Ahora Colombia entra en una nueva fase, en la que el sometimiento a la justicia y la presión de la Fuerza Pública reemplazarán las mesas de negociación como principales herramientas frente a los grupos armados.
El resultado de esta decisión no se medirá únicamente por el número de diálogos cerrados, sino por la capacidad del Estado para reducir la violencia, proteger a la población civil y conseguir que quienes quieran abandonar las armas realmente puedan hacerlo dentro de una ruta legal.
