Juez frena fumigación aérea con glufosinato en Putumayo
La decisión suspende temporalmente el piloto del Gobierno contra cultivos ilícitos
Bajada: Un juzgado de Puerto Asís suspendió provisionalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretendía ejecutar en Putumayo. La decisión se tomó tras una acción de tutela que cuestiona posibles impactos sobre la salud, el ambiente y otros derechos fundamentales.
El Gobierno Nacional recibió un nuevo revés judicial en su estrategia contra los cultivos ilícitos, luego de que un juez de Putumayo ordenara suspender temporalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís, que admitió una acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. El despacho judicial decidió frenar provisionalmente la operación mientras estudia los argumentos planteados por la organización.
El fallo se conoce pocos días después de que la Policía Antinarcóticos anunciara detalles del piloto que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretende utilizar como mecanismo experimental para evaluar una nueva estrategia de erradicación aérea de cultivos de coca.
¿Por qué un juez suspendió el plan de aspersión?
La acción judicial presentada contra el Gobierno cuestiona las posibles consecuencias que tendría la aplicación aérea del herbicida sobre derechos fundamentales.
El proceso busca establecer si la ejecución del piloto puede representar riesgos para la salud de las comunidades, el acceso al agua y el derecho colectivo a disfrutar de un ambiente sano.
La decisión del juzgado no significa que Colombia haya abandonado definitivamente la posibilidad de utilizar el glufosinato de amonio desde aeronaves. Lo que hizo el despacho fue ordenar una suspensión temporal mientras avanza el trámite de la tutela y se analizan los argumentos de la parte accionante.
Por eso, el alcance de la decisión es provisional. El futuro del piloto dependerá de lo que determine la justicia una vez avance el proceso.
El plan pretendía intervenir hasta 1.000 hectáreas
La estrategia anunciada por el Gobierno contempla una operación experimental con un límite máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas.
El piloto fue diseñado como una prueba controlada, limitada, temporal y evaluable. Su propósito no era iniciar inmediatamente un programa nacional de fumigación, sino recopilar información técnica y científica que permitiera establecer si la aspersión aérea con glufosinato puede convertirse en una herramienta para combatir los cultivos ilícitos.
La operación tendría una duración máxima de siete días calendario.
Además, las autoridades establecieron una serie de condiciones para evitar que el producto fuera aplicado en zonas consideradas especialmente sensibles.
Entre los territorios excluidos aparecen parques naturales, áreas protegidas, páramos, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, escuelas y centros de salud.
También quedaron fuera los resguardos indígenas y los territorios de comunidades afrodescendientes cuando no se haya realizado previamente el proceso de consulta correspondiente.
No es glifosato: el piloto utiliza otro herbicida
Uno de los puntos que ha generado mayor confusión alrededor de la noticia es la sustancia que se utilizaría.
El piloto no contempla glifosato. El producto autorizado es Glufosinato de Amonio 200 SL, un herbicida que ya contaba con autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para actividades de erradicación terrestre.
Ahora el Gobierno busca evaluar qué ocurre cuando ese producto se utiliza mediante aspersión aérea.
La sustancia está clasificada por la Organización Mundial de la Salud dentro de la categoría II, correspondiente a productos considerados moderadamente peligrosos.
La discusión, por lo tanto, no se limita a la eficacia del herbicida para eliminar las plantas de coca. También involucra los posibles efectos derivados de la dispersión del producto durante una aplicación desde aeronaves.
La lluvia y el viento podían detener la operación
La resolución que autorizó el piloto establece mecanismos para suspender las operaciones cuando las condiciones puedan aumentar el riesgo ambiental.
Entre las circunstancias contempladas aparecen la lluvia, la presencia de inversión térmica, problemas en la trazabilidad del producto, fallas durante la operación o cualquier otro factor que pueda incrementar la deriva del herbicida.
Este punto es importante porque una de las diferencias entre la aplicación terrestre y la aérea está precisamente en la posibilidad de que el producto se desplace fuera del área prevista.
Por esa razón, la operación fue planteada bajo parámetros técnicos y ambientales específicos.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional tendría la responsabilidad de planear, supervisar y ejecutar la prueba, además de asumir sus costos logísticos.
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Dos aviones estaban previstos para el piloto
La Policía Antinarcóticos informó que contaba con dos aeronaves AT-802 para desarrollar la operación.
La institución explicó que estas aeronaves serían utilizadas exclusivamente en los polígonos habilitados y bajo las condiciones técnicas, ambientales, operacionales y de seguridad establecidas.
El anuncio de la Policía había generado expectativa porque representaba el regreso de una modalidad de erradicación aérea que Colombia había dejado de utilizar durante varios años.
Sin embargo, la decisión del juez de Puerto Asís puso un freno temporal a la ejecución del plan precisamente cuando las autoridades avanzaban hacia su puesta en marcha.
El Gobierno busca una nueva herramienta contra la coca
La decisión judicial ocurre en medio de una política antidrogas que ha cambiado de orientación con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.
El Gobierno ha planteado una estrategia más enfocada en la confrontación contra las estructuras vinculadas al narcotráfico y en la búsqueda de mecanismos para reducir la extensión de los cultivos ilícitos.
El contexto es complejo. Según datos citados en los debates recientes sobre la política antidrogas, Colombia registró 261.000 hectáreas de cultivos de coca en 2024, una cifra que representa uno de los principales desafíos para las autoridades.
Al mismo tiempo, la erradicación manual forzosa ha perdido capacidad de intervención frente a años anteriores.
La administración pretende encontrar alternativas y considera que una prueba controlada puede aportar información para definir si la aspersión aérea debe regresar como herramienta permanente.
La prueba todavía necesitaba evaluaciones ambientales
Incluso antes de la suspensión judicial, el piloto tenía que cumplir diferentes condiciones.
La ANLA y el Instituto Nacional de Salud tendrían un papel fundamental en la evaluación de los resultados. Una vez terminada la intervención, ambas entidades contarían con un plazo máximo de 60 días para elaborar un informe técnico definitivo destinado al Consejo Nacional de Estupefacientes.
Ese documento sería utilizado para determinar si el método resulta viable y si puede ser considerado para una eventual estrategia de mayor alcance.
Por esa razón, el Gobierno no había presentado el piloto como una decisión definitiva para regresar a la fumigación aérea nacional.
La intención declarada era obtener evidencia antes de tomar una decisión más amplia.
El debate por los cultivos ilícitos vuelve a los tribunales
La suspensión ordenada en Putumayo vuelve a poner en primer plano el debate jurídico alrededor de la aspersión aérea.
Durante años, diferentes decisiones judiciales han establecido condiciones para este tipo de operaciones debido a los posibles impactos sobre comunidades, ecosistemas, fuentes de agua y salud pública.
El nuevo proceso deberá determinar si el piloto diseñado por el Gobierno cumple con las condiciones constitucionales, ambientales y sanitarias exigibles.
Esto significa que la discusión no será solamente política.
Mientras el Gobierno sostiene que necesita nuevas herramientas para enfrentar el crecimiento de los cultivos ilícitos, organizaciones sociales y sectores críticos cuestionan los riesgos que puede generar la aplicación aérea de herbicidas.
La justicia tendrá ahora que revisar esos argumentos.
La suspensión no significa que el plan haya muerto
El punto más importante de la decisión es que la aspersión aérea con glufosinato no fue cancelada definitivamente.
El Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís suspendió temporalmente el piloto mientras se desarrolla el trámite de la tutela.
Esto deja abierto un escenario en el que el Gobierno podría intentar continuar con la estrategia si la justicia determina que se cumplen las condiciones necesarias, aunque también existe la posibilidad de que se impongan nuevas restricciones o que el proyecto termine siendo modificado.
Por ahora, las aeronaves no podrán ejecutar la operación en las condiciones inicialmente previstas mientras permanezca vigente la medida judicial.
El Gobierno enfrenta un nuevo pulso entre seguridad y ambiente
La decisión de Putumayo representa un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo debe enfrentar Colombia el problema de los cultivos ilícitos.
Para el Gobierno, reducir las áreas sembradas con coca requiere utilizar todas las herramientas disponibles y evaluar alternativas ante el crecimiento del narcotráfico.
Para quienes cuestionan la aspersión aérea, la prioridad debe estar en demostrar que cualquier intervención no termine afectando a las comunidades, los ecosistemas o las fuentes de agua.
El debate seguirá ahora en los tribunales.
Mientras tanto, el plan piloto de glufosinato queda temporalmente suspendido y el Gobierno deberá esperar el avance de la tutela antes de determinar cuál será el siguiente paso de su estrategia de erradicación aérea.
