Agentes del CTI: regreso en libertad de 2 funcionarios
Los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López recobraron la libertad en el departamento de Arauca el 12 de noviembre de 2026, tras permanecer secuestrados por el ELN durante 553 días. Ambos servidores públicos fueron entregados a una delegación internacional y eclesiástica en una zona rural del oriente colombiano.
Misión humanitaria y entrega en Arauca
La entrega de los dos funcionarios se concretó gracias a una misión humanitaria integrada por delegados de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La comisión ingresó a territorio araucano para recibir a los servidores judiciales en un punto acordado previamente con los insurgentes.
Al momento de su entrega, los agentes del CTI vestían prendas oscuras y procedieron a abrazar a los delegados humanitarios que acudieron a su encuentro. Dicha escena se desarrolló en medio de guerrilleros armados que portaban insignias de su organización. Durante el procedimiento, la guerrilla reconoció que Pacheco presentaba problemas de salud originados o agravados a lo largo de su prolongado cautiverio.
Tras confirmarse la llegada de los funcionarios, la entidad de derechos humanos enfatizó que la liberación no representaba ningún favor o prerrogativa concedida por la agrupación insurgente. Por el contrario, recordó que la libertad de los ciudadanos constituye una obligación ineludible que jamás debió ser vulnerada por los actores del conflicto armado.
¿Cómo ocurrió el secuestro de los agentes del CTI?
Los hechos que condujeron al prolongado cautiverio se remontan a la mañana del jueves 8 de mayo de 2025. En esa jornada, los investigadores salieron desde su sede con el fin de efectuar labores de carácter técnico en el municipio de Fortul, entre ellas una inspección sobre las condiciones de protección de las instalaciones de la Fiscalía.
Lee también: Red de Músicas de Medellín: cupo gratuito en 29 escuelas
Mientras cumplían sus funciones asignadas, integrantes pertenecientes al Frente de Guerra Oriental interceptaron a los dos servidores públicos en la carretera que comunica a los municipios de Fortul y Arauquita. Durante ese desplazamiento vial, los agentes del CTI se movilizaban a bordo de un vehículo oficial cuando fueron abordados y retenidos de manera forzada por la facción guerrillera.
Dentro de la estructura laboral de la Fiscalía General de la Nación, los dos retenidos desempeñaban roles de alta relevancia técnica:
- Jesús Antonio Pacheco ejercía como líder de la unidad de infraestructura y personas.
- Rodrigo López Estrada cumplía tareas como agente de protección de la entidad.
Las propuestas de canje y los videos de supervivencia
Un mes después de la retención ilegal, ocurrida a mediados de 2025, el grupo insurgente remitió una misiva formal con fecha del 11 de junio. En dicha comunicación, la organización planteó intercambiar a los agentes del CTI a cambio de cuatro integrantes de sus filas que se encontraban recluidos en centros carcelarios del Estado.
Lee también: Buen Comienzo en Belén ofrece 175 cupos de calidad
Los insurgentes solicitaban que los siguientes miembros de su organización fueran puestos en libertad:
- José Rosely Cruz Laverde.
- Ramiro Pulgarín Hernández.
- Joel Quintero Uribe.
- Fredy Buitrago Parada.
Transcurridos dos meses del rapto, el Frente de Guerra Oriental, bajo el mando de alias Manuel Vásquez Castaño, divulgó un registro audiovisual como prueba de supervivencia. En dicha grabación, los agentes del CTI aparecían con prendas de civil en medio de la vegetación selvática, enviando palabras de tranquilidad a sus núcleos familiares.
Posteriormente, en septiembre del mismo año, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, contempló evaluar la situación médica o la edad avanzada de algunos reclusos para un eventual beneficio humanitario. Sin embargo, dicha alternativa técnica no prosperó, y con el paso de los meses los agentes del CTI continuaron incomunicados en la selva.
Lee también: El metro de Medellín estrena un nuevo pago en 2 líneas
Rechazo a los juicios ilegales y postura del Estado
Al cumplirse cerca de un año del plagio, la estructura armada anunció públicamente que sometería a los dos funcionarios a un denominado juicio revolucionario. Esta medida arbitraria también fue anunciada contra varios integrantes de la fuerza policial retenidos en el departamento, lo que desató una ola de condena nacional ante la pretensión de administrar una justicia paralela.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, reiteró de forma tajante que ninguna agrupación alzada en armas posee facultades legales ni constitucionales para adelantar procesos judiciales o imponer sanciones penales a la ciudadanía. Dicha posición institucional fue ratificada una vez que los agentes del CTI regresaron a la libertad.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella fue enfático en señalar que el Gobierno no accedería a ninguna clase de intercambio con grupos armados ilegales. El mandatario subrayó que la vida y la libertad de los ciudadanos no podían convertirse en objeto de negociación política, postura que impidió cualquier pacto de canje.
De igual forma, la guerrilla confirmó que durante este proceso no se produjo ningún acuerdo o canje humanitario, ni con la actual administración de De la Espriella ni previamente con la gestión del expresidente Gustavo Petro. Con la culminación de esta misión humanitaria, la Defensoría del Pueblo insistió en que todas las personas en cautiverio deben ser liberadas de forma inmediata y sin condiciones.
Fuente: elcolombiano.com
