Desfalco en San Roque: fallo definitivo y 12 años de cárcel
El desfalco en San Roque culminó con una sentencia de 12 años de prisión contra una exfuncionaria de la administración municipal tras apropiarse indebidamente del erario. La decisión judicial fue adoptada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó, en el departamento de Antioquia, luego de que la procesada reconociera su responsabilidad directa en la pérdida sistemática de dineros del municipio.
¿Cómo se ejecutó el desfalco en San Roque?
La investigación liderada por la Fiscalía 052 Seccional de Administración Pública de Antioquia reveló que las irregularidades financieras ocurrieron de manera continuada entre los años 2021 y 2024. Durante este lapso, la procesada desempeñaba funciones operativas en la Secretaría de Hacienda local, posición que facilitó el acceso directo a los sistemas contables y a las cuentas bancarias institucionales.
De acuerdo con el expediente oficial, la extrabajadora utilizó su cargo para desviar sistemáticamente recursos públicos que debían destinarse a proyectos comunitarios y al sostenimiento de los servicios básicos. En el marco del proceso judicial adelantado en Yolombó, el ente acusador documentó que la procesada modificó registros para beneficiar tanto sus finanzas individuales como las de terceras personas vinculadas a su círculo cercano.
El desfalco en San Roque generó un impacto de alta gravedad institucional debido a que la localidad corresponde a un municipio de sexta categoría. En esta división administrativa, el presupuesto disponible es reducido, por lo que la sustracción de capital afectó de forma directa la estabilidad económica de la administración local.
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Las tres modalidades del desvío de fondos
El esquema implementado por la exempleada de la Secretaría de Hacienda incluyó diferentes maniobras contables diseñadas para evitar alertas tempranas en los sistemas de auditoría interna. El material probatorio recopilado por los investigadores judiciales permitió desglosar tres mecanismos concretos de sustracción monetaria:
- Transferencias bancarias directas desde las cuentas de la Alcaldía hacia las cuentas personales de la implicada.
- Creación de órdenes de pago fraudulentas sin soportes a nombre de supuestos proveedores, cuyos dineros terminaban consignados a su favor.
- Modificación de transacciones comerciales legítimas para elevar los cobros de manera artificial y apropiarse de los excedentes monetarios.
A través de estos procedimientos fraudulentos, la mujer logró canalizar un valor estimado de $5.275 millones de pesos. La acumulación reiterada de estas operaciones permitió que la pérdida de recursos públicos se prolongara a lo largo de cuatro vigencias fiscales consecutivas.
Decisión judicial y rechazo a la prisión domiciliaria
Durante la audiencia del 21 de abril de 2026, la procesada admitió de forma voluntaria su autoría en los delitos de apropiación ilícita y falsificación de documentos oficiales. Debido a que carecía de antecedentes penales y decidió colaborar con la justicia, el togado le otorgó una rebaja de cuatro años en la pena principal.
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La defensa técnica solicitó que la condena se cumpliera mediante prisión domiciliaria bajo el argumento de que la mujer actuaba como madre cabeza de familia a cargo de su madre de 64 años y de un hijo dependiente. Sin embargo, el juzgado descartó conceder la prisión domiciliaria al constatar que el hijo tiene 20 años de edad y no presenta una invalidez física o dictamen médico que amerite atención permanente.
El despacho judicial consideró que la custodia del joven puede ser asumida por otros miembros del núcleo familiar. En consecuencia, la resolución emitida por los tribunales determinó que la responsable del desfalco en San Roque deberá permanecer recluida en un establecimiento carcelario ordinario para purgar la sanción.
Impacto del desfalco en San Roque y sanciones impuestas
La pena privativa de la libertad quedó fijada de forma definitiva en un tiempo de 144 meses, equivalentes a 12 años de presidio. El fallo judicial también contempla medidas accesorias de carácter económico y administrativo orientadas a resarcir el daño patrimonial causado al Estado colombiano.
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El juzgado impuso a la procesada una multa equivalente a 33.333 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la Nación. Dicha sanción económica supera los 58.000 millones de pesos, constituyéndose en una de las multas financieras más elevadas dictadas recientemente en la subregión del Nordeste antioqueño.
Asimismo, la sentencia estableció la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante un periodo de 71 meses. Esta medida busca impedir que la condenada retorne a cualquier cargo estatal tras haber comprometido los recursos públicos municipales.
Con este pronunciamiento, el proceso penal por el desfalco en San Roque concluye su fase de juzgamiento de primera instancia. La determinación deja en firme la condena carcelaria y fija un precedente estricto sobre las repercusiones penales derivadas de la apropiación indebida de caudales en entidades territoriales pequeñas.
Fuente: elcolombiano.com
